José Rijo advierte son ilegales préstamos por US$1,000 millones con China y el BID

Santo Domingo.- El economista José Rijo Presbot descalificó a Rubén Jiménez Bichara, vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), para concertar préstamos con China, como el anunciado de 600 millones de dólares para mejoría de las redes eléctricas, con otro Gobierno u organismos, si no están contemplados en el Presupuesto General del Estado.

Calificó de ilegal que funcionarios que no son los autorizados por ley concerten préstamos fuera de lo presupuestado y en violación a Ley 6-06, mediante la cual se creó la Dirección General de Crédito Público y el Consejo de la Deuda Pública.

Durante una entrevista , Rijo Presbot dio lectura a lo que se establece en el artículo 21 de la referida ley.

“Ningún organismo del Estado podrá formalizar ninguna operación de crédito público que no esté contemplada en las disposiciones generales del Presupuesto General del Estado o en una ley específica”, leyó el profesional de la economía.

Se basó en ese artículo 21 de la Ley 6-06 para enfatizar que Jiménez Bichara no tiene facultad legal para suscribir ningún acuerdo financiero que no esté conteplado en el presupuesto del 2019.

Puntualizó que la CDEEE solo tiene autorización para concertar dos tipos de préstamos, por un monto de 50 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para el programa de eficiencia energética, y otro por 155 millones de dólares para la expansión de redes y reducción de pérdidas, para el año 2019.

También calificó de ilegal el préstamo de 400 millones de dólares que el BID aprobó para la sostenibilidad financiera y eficiencia del sector eléctrico, porque solo hay autorización por 205 millones de dólares en préstamo para la CDEEE en el proyecto de presupuesto.

No obstante, Rijo Presbot advirtió que si esos mil millones de dólares anunciados por el Gobierno se inclurían en el presupuesto del 2019 con una adenda, se incrementaría el déficit fiscal en 30 mil millones de pesos y llegaría a 3.1 %  del producto interno bruto (PIB), mientras que la deuda se elevaría a un 58 % del PIB.