Solo nos queda advertir, denunciar y proponer

Hoy, más que nunca, el pueblo dominicano se encuentra en una encrucijada crítica. Después de casi tres décadas marcadas por el despilfarro y el endeudamiento, nuestra élite política y económica parece estar preparando una segunda oleada de saqueo sin precedentes.

Estas castas insensibles a la justicia social han tejido un entramado legal diseñado para expropiar sistemáticamente lo que pertenece al pueblo, dejando tras de sí un legado de injusticia y desigualdad que amenaza con perpetuarse en el tiempo.

Recordemos cómo la «Ley de Capitalización», implementada el 30 de abril de 1997, arrasó con nuestro patrimonio colectivo. Esta ley no solo destruyó a CORDE —que incluía más de 30 empresas estatales— sino que también dejó a miles de trabajadores enfrentando la incertidumbre laboral.

Las pérdidas acumuladas por el desmantelamiento del sector eléctrico superan los 25 mil millones de dólares en subsidios; recursos que hoy podrían haber sido invertidos en educación, salud y bienestar social para todos los dominicanos.

A pesar del sufrimiento visible causado por estas decisiones erradas y lesivas, nuevos mecanismos como las alianzas público-privadas intentan disfrazar esta depredación como progreso o modernización. Nuestros aeropuertos han sido entregados bajo condiciones peores que las del primer escándalo registrado en 1999; proyectándose esta situación hasta el año 2060 sin ningún beneficio claro para el pueblo dominicano.

Este usufructo ha generado ya más de 4 mil millones para unos pocos privilegiados mientras nosotros seguimos mendigando dignidad y acceso a servicios básicos.

El caso del “peaje sombra” ilustra esta voracidad insaciable: más de 2 mil millones pagados sin consecuencias ni rendición de cuentas para sus autores intelectuales resaltan una alarmante realidad donde los grupos privilegiados buscan despojar nuestras infraestructuras mediante concesiones similares o nuevas figuras legales bajo la ley 46-20 sobre «alianzas público-privadas».

Carreteras

Además, hemos sido testigos del uso opaco e irresponsable de fideicomisos públicos; figuras como RDVIAL han comprometido nuestras carreteras destinando más del 50%de sus ingresos solo al pago exorbitante de intereses, mientras nuestras vías continúan deteriorándose por falta mantenimiento adecuado e inversión real.

Nos preocupa seriamente si algún acreedor termina interviniendo nuestras carreteras hasta cubrir sus préstamos; esto podría ser similar a lo ocurrido con Buenaventura Báez frente a Hartmont Brothers and Co., resultando décadas después en intervenciones extranjeras que arruinaron aún más nuestra soberanía.

Desde el Frente Cívico y Social (FCS) hacemos un llamado urgente al pueblo dominicano: despierten antes que sea demasiado tarde; no queremos ser protagonistas trágicos como aquella fábula sobre la rana hervida, donde cada día nos adaptamos lentamente a la injusticia hasta perderlo todo sin darnos cuenta. La historia nos observa atentamente; no permitamos ser comparsas ante este saqueo sistemático orquestado desde las esferas del poder.

Juntos tenemos la fuerza necesaria para revertir este rumbo destructivo: denunciemos con firmeza e integridad cada acto injusto cometido contra nuestros derechos fundamentales y proponemos alternativas viables centradas en la defensa colectiva del bien común y nuestro futuro compartido.

La hora del despertar ha llegado; hagámoslo no solo por nosotros mismos sino también por aquellos que vendrán después: nuestros hijos e hijas merecen vivir en un país justo, equitativo y digno. Que resuene nuestra voz fuerte ante quienes han hecho su propio juego con nuestros recursos naturales y nuestro trabajo arduo.