Publicado en Nacionales, hace 4 días
Santo Domingo.– Durante el mes de mayo, el Tribunal Superior Administrativo (TSA) emitió 20 sentencias que respaldan igual número de resoluciones de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), lo que reafirma el apego al debido proceso por parte del órgano rector del sistema de compras y contrataciones.
De esas decisiones, cinco ratifican sanciones de inhabilitación del Registro de Proveedores del Estado impuestas por la DGCP a empresas que presentaron documentación falsa o adulterada en procesos de contratación pública.
Entre las decisiones, destaca la sentencia núm. 0030-02-2025-SSEN-00232, mediante la cual el TSA ratificó la sanción de inhabilitación impuesta a las sociedades SR Power Tech Solutions, S.R.L. y Avi Constructora S.R.L., mediante la resolución RIC-170-2023.
Asimismo, la sentencia núm. 0030-1643-2024-SSEN-00933 rechazó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la empresa JFD & ETC, Ideas que Venden, S.R.L., al no demostrarse vicios ni irregularidades en el acto impugnado. Este se refería a la declaración de desierto de un proceso de contratación realizado por el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) para la instalación de letreros en oficinas regionales y municipales.
En otro caso, la sentencia núm. 0030-01-2025-SSM-00028 desestimó la solicitud de medida cautelar presentada por Petasolare SRL contra el Ministerio de Educación y la DGCP.
El tribunal determinó que la empresa no probó la existencia de un derecho vulnerado, daño inminente ni peligro en la demora, dentro del proceso de licitación pública para instalar sistemas fotovoltaicos en 519 escuelas.
También fue declarada inadmisible, mediante la sentencia núm. 0030-1643-2024-SSEN-00051, una acción presentada por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) para anular la resolución RIC-159-2022, emitida por la DGCP en respuesta a un recurso jerárquico de la empresa Red Dot Tech, S.A.S..
La disputa surgió en el marco del procedimiento de excepción por urgencia ONE-MAE-PEUR-2022-0001, relacionado con la adquisición de tabletas y equipos tecnológicos para el censo.
Finalmente, la sentencia núm. 0030-02-2025-SSEN-00099 ratificó la inhabilitación permanente impuesta por la DGCP a la empresa Ingeniería Filoyen SRL por haber presentado documentación falsa y adulterada en una cotización durante un proceso de comparación de precios convocado por el Comité Ejecutor de Infraestructura de Zonas Turísticas (CEIZTUR), correspondiente a la reconstrucción de la Plaza de Vendedores en Playa Cocolandia, provincia San Cristóbal.