Concentración del poder e impunidad judicial

“Cuando el poder político se ejerce para favorecer a unos pocos, se debilita la democracia y se favorece la desigualdad. La verdadera democracia sólo se fortalece cuando el poder se manifiesta en favor del bien común y se protegen los derechos de todos los ciudadanos”.

En el interín del ejercicio del poder mesiánico que empodera al presidente Luís Abinader Corona se cuecen intereses que están muy por encima de gobernar para favorecer a una sociedad que siente, padece y sufre en carne propia los embates de la descomposición económica que corrompe a todos los sectores de la República Dominicana.

Durante décadas, la democracia participativa en el país ha estado ausente de las demandas sentidas por los ciudadanos, quienes solo se movilizan cada cuatro años para elegir a sus representantes con la esperanza de que se generen cambios en la administración pública, sin embargo, esta participación es limitada y no se traduce en una verdadera influencia durante el proceso de toma de decisiones.

El presidente Abinader se comprometió a transformar el panorama sombrío del pueblo dominicano, en consecuencia, sus discursos se han revelado como vacías promesas, generando desconfianza y frustración entre la ciudadanía, ya que en lugar de avanzar hacia el progreso, el país se ha estancado en un ciclo de fracaso y desilusión, un recordatorio de que adolece de liderazgos efectivos y transparentes.

Durante su estadía en el palacio de gobierno, el ejecutivo ha centralizado el poder para beneficiar a los seguidores del Partido Revolucionario Moderno (PRM), los empresarios y sectores oscuros como el narcotráfico. Esto ha generado una serie de consecuencias negativas, entre las que es oportuno destacar la limitante de las libertades civiles y políticas de la población.

La concentración del poder en una sola autoridad ha llevado a decisiones unilaterales que no consideran la opinión positiva del ciudadano, además, se han reportado casos de corrupción y nepotismo que benefician solo a sus allegados al poder, mientras la población en general se ve afectada por la falta de oportunidades debido a la inestabilidad económica.

La procuradora

«La justicia debe ser ciega, sin distinciones ni privilegios, para que todos sean iguales ante la ley.» La designación de Yeni Berenice Reynoso, Procuradora General de la República (PGR), está dirigida a favorecer intereses internos, externos y acorde con las exigencias y aspiraciones del presidente Luis Abinader.

Esta prestigiosa abogada ha sido nombrada para evitar que sus acólitos del poder político vayan a la cárcel. ¿Se le olvidó al mandatario que la hoy procuradora fue la encargada de engavetar los expedientes que acusan a Leonel Fernández y parte de sus funcionarios de haber desfalcado el país durante sus gobiernos? ¡Señor presidente…! «Un pueblo sin memoria es un pueblo sin destino”, la designación de Reynoso, es vista como la continuación de la política de impunidad de todos los gobiernos que han recorrido las interioridades del palacio nacional.

¿Cuál es su respuesta, señor presidente Abinader, sobre las acusaciones que pesan contra el ex presidente, Danilo Medina, sus hermanos y decenas de ex funcionarios? ¿Se le olvidó, señor presidente, que según las investigaciones de Yeni Berenice, hay evidencias probatorias de que desfalcaron el país?

“No hay mayor oscuridad que la negación de la verdad”. Escondido detrás de su ropaje, Medina recorre el país en campaña política, con los fines de ostentar el poder en 2028 para volver a robar y mantenerse impune ante la justicia.

El sistema de justicia está influenciado por la complicidad con delincuentes que se aposentan en el entorno del gobierno, compuesto por sectores poderosos, entre ellos políticos, empresarios, transportistas, banqueros, importadores, exportadores hoteleros y empresarios de la construcción.

Esta correlación de poderes perjudica la igualdad ante la ley y favorece la impunidad, mientras tanto, la deficiencia en los servicios básicos como energía eléctrica, salud y agua potable afecta negativamente la vida cotidiana de los ciudadanos.

El deber principal de todo gobierno es garantizar el bienestar, seguridad y prosperidad de sus ciudadanos, esto incluye proporcionar servicios básicos como educación, salud, infraestructura, seguridad, proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales, promover la justicia, la igualdad, la transparencia, y trabajar para crear un entorno económico y social que permita el desarrollo y la prosperidad de sus ciudadanos.