Corte de Apelación ratifica condena de 20 años contra Argenis Contreras por muerte de Yuniol Ramírez

Santo Domingo.- La Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificó ayer la sentencia de 20 años de prisión impuesta a Argenis Contreras, principal acusado del secuestro y homicidio del abogado y catedrático Yuniol Ramírez Ferreras.

Los jueces Daniel Nolasco Olivo, Nancy María Joaquín Guzmán y Jury Tavariz Núñez rechazaron el recurso de apelación interpuesto por Contreras, confirmando así la condena de 20 años dictada en primera instancia, al no detectar vicios en la decisión recurrida.

Declaraciones durante el proceso

Durante el proceso, Argenis Contreras declaró que fue convocado a participar en un plan para darle un “tumbe” al abogado Yuniol Ramírez, relacionado con una suma de dinero que este recibiría como parte de una extorsión que, según alegó, había organizado contra la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA).

En ese sentido, el Ministerio Público señaló que dicha versión refuerza los elementos probatorios previamente acreditados durante la etapa de juicio, los cuales evidencian la planificación y ejecución del crimen que conmocionó a la sociedad dominicana.

Condena

El 28 de octubre de 2024, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a 20 años de prisión a Argenis Contreras, representado por el abogado Plutarco Jáquez, al ser señalado como el principal autor material del secuestro y homicidio del abogado y catedrático universitario Yuniol Ramírez Ferreras.

Asimismo, el tribunal ordenó el decomiso a favor del Estado de la camioneta Ford, color azul, utilizada en el homicidio de Yuniol Ramírez.

Ramírez Ferreras fue hallado muerto, con un block de concreto atado al cuello mediante una cadena, en un arroyo de Hato Nuevo, en Santo Domingo Oeste.

Tras el hecho, Contreras huyó hacia los Estados Unidos, donde fue capturado y, tres años después, entregado al país, gracias a los esfuerzos de la actual gestión del Ministerio Público.

El crimen, ocurrido en octubre de 2017, estuvo vinculado a actos de corrupción administrativa en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), durante la gestión de Manuel Rivas, quien había sido designado director en agosto de 2012 y ocupaba el cargo al momento del asesinato.