DGCP mantiene suspensión del registro de dos empresas investigadas por el Ministerio Público

La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) ratificó este miércoles la suspensión preventiva del Registro de Proveedores del Estado (RPE) de las empresas Condelca, S.R.L. y Empresas Integradas, S.A.S., mientras avanzan investigaciones penales del Ministerio Público por presuntos delitos contra la Administración pública relacionados con procesos de contratación estatal.

La decisión fue adoptada luego de que la DGCP rechazara los recursos de reconsideración presentados por ambas sociedades contra el acto administrativo núm. DGCP44-2025-004600, emitido el 20 de noviembre de 2025, según detalla un comunicado.

La institución explicó que la suspensión de los registros se mantiene como una medida cautelar y temporal, y que no constituye una sanción penal ni una condena anticipada contra las empresas.

Condelca y Empresas Integradas forman parte de un grupo de 20 sociedades comerciales cuyos registros fueron suspendidos de oficio en noviembre de 2025, luego de una investigación realizada por la DGCP junto con la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República.

Según la DGCP, esa investigación encontró indicios de una posible vinculación de las empresas con una estructura de proveedores que habría manipulado procedimientos de contratación estatal mediante prácticas fraudulentas, con posibles efectos sobre la libre competencia y la participación de los oferentes.

La DGCP señaló que ninguna de las dos empresas presentó elementos probatorios o documentos que, a juicio del órgano rector, permitieran modificar los fundamentos legales que dieron origen a la suspensión.

La medida está sustentada, según las resoluciones, en el artículo 25 de la Ley núm. 107-13 sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo, así como en las disposiciones sobre inhabilitación establecidas en la Ley núm. 340-06 y su Reglamento de Aplicación núm. 416-23, vigentes al momento de la suspensión.

El órgano rector indicó que la permanencia en el RPE está sujeta al cumplimiento de las condiciones requeridas para operar como proveedor del Estado y que, ante investigaciones formales por presuntos ilícitos vinculados con contrataciones públicas, puede adoptar medidas preventivas para reducir riesgos sobre los fondos públicos.

Las resoluciones RIC-0202-2026 y RIC-0203-2026, mediante las cuales fueron rechazados los recursos, fueron notificadas a la Procuraduría General de la República (PGR), la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), la Contraloría General de la República (CGR), la Cámara de Cuentas y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig).

La lectura de estas medidas no implica una declaración de culpabilidad de las empresas, debido a que las investigaciones penales continúan su curso.

Las resoluciones pueden ser consultadas en la sección Marco Legal del portal de la DGCP.