
Publicado en Nacionales, hace 44 minutos
Santo Domingo.- El expediente del caso Cobra SENASA establece que durante un allanamiento realizado a la imputada Ada Ledesma Ubiera, las autoridades ocuparon documentos bancarios que evidencian el pago de sobornos por parte de la empresa Lufarca S.R.L. a funcionarios del Seguro Nacional de Salud (SENASA), como parte de la estructura de corrupción investigada por el Ministerio Público.
La diligencia fue ejecutada el 6 de diciembre de 2025, en una residencia ubicada en el sector San Gerónimo, Distrito Nacional, donde fueron ocupados múltiples documentos financieros con conceptos como “comisiones”, “adelantos”, “préstamos”, “cierre de negociaciones” y “adelanto de comisión”, términos que, según la acusación, revelan la mecánica utilizada para canalizar pagos ilegales.
De acuerdo con el Ministerio Público, estos documentos vinculan directamente a la empresa Lufarca S.R.L. con un esquema de pagos ilegales destinados a asegurar adjudicaciones dentro de SENASA, desplazando los criterios de evaluación técnica y legal que deben regir las contrataciones públicas.
Las autoridades sostienen que estos pagos no respondían a servicios reales, sino que constituían beneficios económicos irregulares entregados a cambio de favoritismos en los procesos de compras.
La investigación establece que Lufarca S.R.L. recibió más de RD$38 millones en pagos provenientes de SENASA, mediante distintos procesos de compras. Entre estos se encuentra su participación como suplidora del programa SENASA Cuida de Ti, donde fue contratada para el suministro de proteínas y pañales, en procedimientos que, según la acusación, estuvieron marcados por graves irregularidades.
El Ministerio Público sostiene que los sobornos permitieron que Lufarca se mantuviera como empresa favorecida, sin importar el cumplimiento de los requisitos legales y técnicos.
Para las autoridades, las evidencias halladas en el allanamiento a Ada Ledesma Ubiera confirman la existencia de un esquema organizado de sobornos y desvío de fondos, en el que empresas privadas eran utilizadas como vehículos financieros para beneficiar a funcionarios públicos, afectando directamente el patrimonio del Estado y la transparencia del sistema de salud.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente conocerá en las próximas horas la solicitud de medida de coerción contra los imputados del caso Cobra SENASA, mientras continúan las investigaciones para establecer el alcance total del entramado financiero.