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“El Ejército Nacional rechaza de manera categórica y enfática cualquier acción que vulnere la libertad personal, la integridad y la seguridad de los miembros de la fuerza pública, así como toda conducta que obstaculice, interfiera o impida el desarrollo de las operaciones militares legítimas del Estado”, agregó la información.
El secuestro o la retención de militares por parte de civiles se ha vuelto frecuente en el conflicto colombiano, en el que, según las autoridades, los habitantes de zonas remotas son “instrumentalizados” por guerrilleros o narcotraficantes para impedir las operaciones en su contra.
Los casos más recientes ocurrieron en agosto pasado, en el departamento del Guaviare (centro-sur), donde 34 militares fueron secuestrados por campesinos, y en septiembre, cuando otros 45 corrieron la misma suerte en el Cauca (suroeste). En ambos casos, todos fueron liberados días después con la mediación de misiones humanitarias.
Tras el caso ocurrido hoy en el Chocó, el Ejército hizo “un llamado urgente, respetuoso y perentorio a las autoridades competentes, organismos de derechos humanos y líderes comunitarios para que se garantice plenamente la integridad física de los soldados retenidos y se permita su pronta y segura liberación”.
El secuestro de los militares se produjo el mismo día en que el ELN anunció un cese al fuego unilateral durante las festividades navideñas y de fin de año, una decisión que contrasta con la escalada de ataques e intimidaciones de los últimos días en distintas regiones del país.
El cese al fuego comenzará a las cero horas del 24 de diciembre y terminará a la misma hora del 3 de enero de 2026.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, afirmó al respecto que, de parte del Gobierno, “no existe ningún cese al fuego ni orden de detener la protección del pueblo colombiano”.
