El caso Falcón embarra Congreso

La solicitud de la desig­nación de un juez de ins­trucción especial será soli­citada por la directora de Persecución, Yeni Bereni­ce Reynoso, para el con­trol de las investigacio­nes de los legisladores, entre los que figuran los diputados Héctor Darío Feliz y Nelson Marmole­jos Gil.

Berenice Reynoso in­formó que la solicitud se hará en virtud de la ju­risdicción privilegiada de que gozan los congresis­tas, y esto no impida que sean judicializados, y tan pronto ocurra se dará a conocer a la sociedad el nombres de los legislado­res involucrados.

El nombre de Marmo­lejos Gil está incluido en el expediente de la Ope­ración Falcón sobre nar­cotráfico y lavado de ac­tivos, después que el Ministerio Público afir­mara que éste obtuvo el financiamiento comple­to de su campaña con el dinero del cabecilla de la estructura de crimen or­ganizado que operaba en Santiago y otras zonas del país.

Con este, ya suman dos los jueces de la Suprema Corte de Justicia que de­berán tener el control de las investigaciones en con­tra de legisladores, por la­vado de activos, productos del narcotráfico. El prime­ro fue el de la diputada Ro­sa Amalia Pilarte López, por su vinculación a una presunta red que encabe­za su esposo, Miguel Artu­ro López Florencio (Micky López).

Berenice Reynoso sostu­vo que tienen un expedien­te sólido y blindado, con miles de páginas con la que obtendrán medida de coer­ción en contra de los encar­tados.

Aseguró que hay prue­bas suficientes que de­muestran la implicación de los imputados en la red in­ternacional de narcotráfico y lavado de activos.

“En este proceso, y han sido los lineamientos que sigue el Ministerio Públi­co, bajo la instrucción de la magistrada Miriam Ger­mán, todo aquel que ten­ga responsabilidad, que se acredite con pruebas, va a ser judicializado y procesa­do”, resaltó la procuradora adjunta.

Medida de coerción aplazada
La jueza del juzgado de Atención Permanente de Santiago, Iris Borges, apla­zó para el próximo viernes, a las 10:00 de la mañana, el conocimiento de la soli­citud de prisión preventiva de 18 meses presentada en contra de los 21 implica­dos de la red criminal.

Desde el 2017
La organización cri­minal que integraban los extradilables, los imputa­dos en la investigación, y otros en ese proceso, tra­ficaron unos 2,500 kilos de cocaína semanales desde el 2012, pero sus opera­ciones las tienen registra­das los entes de inteligen­cia desde años anteriores y hay evidencias de que au­mentaron a partir del año 2017.

Entre República Do­minicana y Puerto Ri­co le fueorn decomisados aproximadamente 8,500 kilos de cocaína, lo que evidencia el clima de im­punidad bajo el que des­empeñaban sus operacio­nes delictivas.

Finjus está preocupada
De su lado, el vicepresi­dente de la Fundación Institucionalidad y Justi­cia (FINJUS), Servio Tulio Castaño Guzmán, consi­deró que la operación Fal­cón representa una nueva prueba para el sistema po­lítico democrático de la Re­pública Dominicana.

Entiende que el caso muestra las graves falen­cias del ordenamiento jurídico e institucional nacional e indica cuán profundas son las debi­lidades que persisten en el país.

“Porque en todos los sec­tores existe el convenci­miento de que la penetra­ción del crimen organizado en los estamentos del poder es muy superior a lo perci­bido y que se quedan cortas las enjundiosas fórmulas de los organismos internacio­nales para calcular el daño que estos fenómenos produ­cen en nuestra economía y estructura social”, acotó el jurista.

A su juicio, la operación es “una muestra más de que el Estado, en sus principales instituciones, necesita una reingeniería moral y legal profunda, que debe iniciar con el fortalecimiento de las bases del sistema de conse­cuencias…”

HABLA EL PRM
Comunicado.
El Partido Revoluciona­rio Moderno (PRM) res­paldó ayer, e la justicia independiente, así co­mo la lucha contra la co­rrupción y la impunidad de manera contunden­te, caiga quien caga”,

Tamboern, el PRM apo­yó “las acciones em­prendidas por el gobier­no del presidente Luis Abinader, para la conso­lidación de un Minis­terio Público indepen­diente”.

“Por décadas”, agrega, “nuestro país estuvo inmerso en un sistema de impunidad latente y uno de los mayores compromisos del PRM ha sido romper con ese sistema”.