El Congreso aprobó más de US$1,433 millones en préstamos durante el 2025

Santo Domingo. –      Durante el 2025, el Congreso Nacional aprobó nueve préstamos solicitados por el presidente Luis Abinader, que suman más de 1,433 millones de dólares y están destinados a financiar proyectos de apoyo presupuestario, de salud, saneamiento, energía eléctrica, agua potable, infraestructura vial, transporte y medioambiente, y el fortalecimiento del sector agropecuario, según consta en los contratos conocidos por ambas cámaras legislativas.

Aunque ninguno de los convenios contó con el apoyo de los legisladores de la oposición, al considerar que las ejecutorias de los endeudamientos no son visibles, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y sus aliados aprobaron los contratos sin ningún obstáculo gracias a la arrolladora mayoría congresual con la que cuentan.

Una parte de estos financiamientos corresponde a iniciativas que habían sido aprobadas previamente por la Cámara de Diputados a finales del 2024 y que recibieron su sanción definitiva en el Senado en enero del 2025.

Entre los préstamos figura uno por 45,000,000 de dólares aprobado en enero del 2025, suscrito con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) y orientado al financiamiento del Proyecto de Mejoramiento de la Gestión Integral de Residuos Sólidos, ejecutado por el Ministerio de Medio Ambiente. El proyecto tiene énfasis en la rehabilitación del vertedero de Duquesa. En esa misma fecha, el Senado votó a favor de un convenio de préstamo de 400,000,000 de dólares con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), destinado a apoyo presupuestario de políticas de desarrollo sostenible y a “proteger el capital natural como base del crecimiento económico”.

Préstamos para apagones y salud

Desde esas aprobaciones, el Congreso tardó cinco meses para conocer un nuevo préstamo. En mayo, aprobó un contrato de endeudamiento con la Corporación Andina de Fomento (CAF) por 75,000,000 de dólares destinado al financiamiento del Programa de Apoyo a la Mejora de las Redes de Distribución Eléctrica.

Los recursos serán ejecutados por Edesur, Edeeste y Edenorte, con intervenciones en varias provincias, orientadas a reducir los apagones y mejorar la calidad del suministro eléctrico.

En el sector salud, el Congreso dio luz verde ese mismo mes a un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por hasta 50,000,000 de dólares para el fortalecimiento del sistema de salud en la prevención y gestión de enfermedades crónicas no transmisibles, con énfasis en la diabetes y las enfermedades cardiovasculares.

En julio fue aprobado un préstamo del BID por 380,000,000 de dólares para la segunda fase del Programa de Saneamiento Universal en Ciudades Costeras y Turísticas, ejecutado por el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa). Este financiamiento está dirigido a ampliar la cobertura de saneamiento en ciudades como La Romana, San Pedro de Macorís e Higüey, además de fortalecer la gestión institucional del sector agua.

Otros préstamos

Otro de los contratos aprobados corresponde a un préstamo sancionado en julio con la Corporación Andina de Fomento (CAF), por 35,000,000 de dólares, destinado a la ampliación del Acueducto Oriental Barrera de Salinidad y su transferencia a Santo Domingo Norte, una obra que el gobierno anunció que entregaría a finales de este 2025 o inicio del 2026.

El proyecto es ejecutado por la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) y busca beneficiar a aproximadamente 850,000 habitantes de Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte.

En materia de infraestructura vial, el Congreso aprobó en julio un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo por hasta 200,000,000 de dólares para el Programa de Resiliencia Climática de la Infraestructura de Puentes, ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

El programa contempla la construcción, rehabilitación y mejoramiento de puentes en zonas rurales y urbanas, incorporando criterios de adaptación al cambio climático y gestión de riesgos ante desastres naturales.

En la actual legislatura, que se inició en agosto pasado, los congresistas no habían conocido ni aprobado préstamos. Sin embargo, aprovecharon su última semana de labor en diciembre para votar a favor de un convenio de crédito con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) por 178,374,339 dólares, destinado a la ampliación de la capacidad de transporte de la Línea 2 del Metro de Santo Domingo.

El proyecto será ejecutado por la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) y busca mejorar la capacidad operativa del sistema de transporte masivo frente a la ampliación de la Línea 1, que tuvo un incremento similar en sus operaciones.

A finales de este año también se aprobó un convenio de préstamo con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) por 10,930 millones de yenes, equivalentes a 69,952,000 dólares, destinados al Proyecto para el Mejoramiento del Financiamiento Agrícola y el Fortalecimiento de la Cadena de Valor Alimentaria.

Sin fiscalización

A raíz de las críticas por la cantidad de préstamos que se han aprobado durante la gestión de Abinader, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados estudió un proyecto de resolución para que el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, explique el alcance y el uso del dinero adeudado, pero el proyecto nunca prosperó.

En tanto, en la última sesión en la que se aprobaron préstamos este año, el diputado Charlie Mariotti Jr., del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), criticó específicamente los endeudamientos para el Metro de Santo Domingo, del que dijo que “no se visualizan los resultados” a pesar de contar con miles de millones de dólares para su mejoría.

En ese sentido, precisó que la actual gestión presidencial firma endeudamientos para obras cuyos resultados “no se ven” y aclaró que, aunque los endeudamientos no son malos de por sí, la sociedad debe palpar los resultados en obras o ejecutorias.

Una postura similar asumió el diputado José David Báez, de la Fuerza del Pueblo, quien expresó que “el pueblo no confía” en los préstamos ya que las obras para las que el Gobierno se endeuda “no se evidencian” y pidió más fiscalización para que los recursos adeudados no se diluyan.