El gran misterio: recuperación dinero de corrupción

En casi todos los gobiernos, sobre todo en los que llegan prometiendo “mano dura contra la corrupción”, es común escuchar anuncios grandilocuentes sobre la recuperación de fondos sustraídos del erario por funcionarios y contratistas sin escrúpulos.

Se anuncia con bombos y platillos que se han recuperado miles de millones de pesos que fueron “robados” por funcionarios corruptos, y la población se llena de expectativas. Se escucha hablar de montos impresionantes, de cuentas bancarias congeladas, de bienes incautados y de sentencias que obligan a devolver el dinero mal habido. Sin embargo, al final del día, surge una pregunta inevitable: ¿dónde está ese dinero?

Muchas veces las cifras anunciadas son sólo “probabilidades”. Es decir, se comunican como logros montos que en realidad son embargos preventivos, procesos en apelación o promesas de pago, pero, en la práctica, el dinero no ha ingresado efectivamente a las arcas del Estado.

Se construye una narrativa triunfalista sobre recuperaciones que pueden terminar evaporándose en largos litigios o en acuerdos que ni siquiera cubren lo robado.

El gran misterio de estas supuestas recuperaciones radica en que rara vez se traducen en beneficios tangibles para la sociedad. No se observa la construcción de hospitales con esos fondos recuperados, ni escuelas renovadas, ni carreteras construidas con ese dinero.

En lugar de ver mejoras visibles, el ciudadano común solo se entera del asunto por los titulares y ruedas de prensa, y luego todo parece desvanecerse en el aire.

Razones

Varias pueden ser las razones. En algunos casos, el dinero recuperado se diluye en el presupuesto general y termina en el gasto corriente, sin un destino específico que permita rastrearlo ni transparentarlos. En otros, simplemente no se logra cobrar efectivamente lo recuperado, o el proceso se prolonga tanto en los tribunales que las cifras anunciadas terminan siendo solo una ilusión.

Tampoco es extraño que haya opacidad: no hay reportes detallados, auditables, que muestren con claridad cuánto se ha recuperado y cómo se ha gastado. La falta de voluntad política para crear fideicomisos o fondos específicos que administren ese dinero —y que rindan cuentas periódicamente— alimenta aún más la desconfianza.

Así, este asunto termina siendo un círculo vicioso: se combate la corrupción en el discurso, se hacen grandes anuncios de recuperación de fondos, pero el pueblo sigue sin ver resultados palpables. Y mientras tanto, los problemas estructurales del país permanecen intactos.

Lo preocupante es que esta narrativa repetida parece más un recurso político que una verdadera política pública orientada a la reparación del daño. Se usa para generar la sensación de victoria moral frente a la corrupción, pero rara vez se acompaña de resultados concretos y verificables. Al final, lo que queda es una suerte de espectáculo mediático sin consecuencia tangible.

El show

Más allá del show, hay elementos estructurales que perpetúan este misterio. Primero, no existe en la mayoría de los países (y en el nuestro mucho menos) un mecanismo claro y transparente para administrar esos fondos recuperados. No hay fideicomisos independientes, ni presupuestos etiquetados, ni auditorías públicas específicas que le digan al pueblo: “este dinero que se recuperó de la corrupción se invirtió aquí, en esta obra o en este servicio”.

La verdadera rendición de cuentas debería incluir un seguimiento claro y transparente de esos recursos recuperados: un registro público, con actualizaciones periódicas, que indique cuánto se recuperó, de quién se recuperó, dónde está ese dinero y en qué se invirtió. Solo así dejará de ser un misterio y se convertirá en una victoria real contra la corrupción.

De lo contrario, seguiremos asistiendo a este teatro repetido donde se celebran victorias imaginarias, mientras el dinero real sigue siendo un misterio que nadie puede explicar con claridad. Y eso, tristemente, termina siendo otra forma de engaño a un pueblo incauto.