Este expediente involucra a 46 personas, entre ellas Donald Guerrero Ortiz, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo.
“Vamos a interrogarlo en calidad de investigado en el proceso que el Ministerio Público abrió en su contra con relación a hechos que a juicio del acusador público se subsumen en los tipos penales de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, sobornos coalición de funcionarios y lavado de activos provenientes de los actos de corrupción antes referidos”, le dijo Wilson Camacho.
Su entrada en el cobro a bancas de lotería inicia por una amistad con Fernando Crisóstomo, también delator en el caso Calamar, quien acudía desde el 2016 a su restaurante ubicado en la zona colonial. De acuerdo a las informaciones, José Pablo Ortiz llegó a un acuerdo con el Ministerio Público en relación con este caso.
Ortiz Giráldez le narró a los fiscales que para marzo/abril de 2017, Crisóstomo le pidió ser su socio en un programa de software que unificaría el sistema de cobros de bancas de loterías y deportivas.
“Me dice que teníamos una responsabilidad muy alta y que era vital que entrara alguien de mi perfil para poder llevar a cabo esa tarea, la cual me explicó, me dijo que debíamos organizar todo el país, para poder saber qué cantidad había, cuáles eran los grupos que estaban al frente de cada consorcio, la idea era crear una base de datos que sirviera para un software, de control”, explicó al asegurar que pasó a supervisar a Vladimir Crespo quien trabajaba en el Ministerio de Hacienda, en el área de Operaciones.
José Pablo Ortiz, Crisóstomo y Crespo, se reunían los sábados, donde el empleado de Hacienda les presentaba un informe de lo que se había hecho, hasta que “se complicaron las cosas” con Crespo, ya que “no respetaba las reglas” y sale del grupo.
Estas personas, que trabajaban directamente con el Ministerio de Hacienda, con Frizzo Messina, exviceministro, dando “información de ilegalidad y si se ponían nuevos puntos de ventas”, tenían un listado del “triple” de bancas de lotería, de las que se creía existía en el país.
“Debo aclarar que mis funciones se limitaban a tareas que tenían que ver con bancas de loterías”, le dice a Camacho y Berenice al explicarles que con Messina empezó a darse a conocer entre los banqueros y era “tan rígido que la gente venía sin llamarlo, ellos venían y hacían los pagos, los pagos se hacían en efectivo y en depósito”.
Este cobro ilegal a bancas de lotería era de 3,500 pesos por banca para de esta forma “poder inscribirlos en el software que se licitaría más adelante”.
El grupo cobraba por las máquinas tragamonedas instaladas en colmados, las bancas de loterías ilegales, pero declaradas por ellos; las ilegales no declaradas y bancas nuevas.
Narró que la banca que más dinero pagaba era Loteka, que empezó aportando, RD$ 2, 500,000.00 hasta llegar a dar RD$ 4, 000, 000.00. El dinero que se recaudó por mes varió de acuerdo a la fecha, aunque en un solo mes llegó a entregar en efectivo RD$14,000,000.00.
Por cobrar este dinero, dijo que recibió, los dos primeros meses, cada mes RD$200,000.00, de manos de Fernando Crisóstomo, pero que luego indicó que si no le pagaban RD$ 500, 000.00, no haría el trabajo, “entonces comenzaron a pagarme los quinientos mil pesos (RD$ 500,000.00) al mes, nunca me dieron bono ni nada más”.
De acuerdo a este hombre, al único que no se le cobraba era al ex senador del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Antonio Cruz, quien ponía regularmente bancas.
Vinculación con Sergio Moya de la Cruz, alias Gory
De acuerdo al interrogatorio, José Pablo Ortiz Giráldez, estuvo en el cobro irregular a bancas hasta el 15 de febrero del 2018. Su salida, según narró, se debió a dos razones: La primera, un problema con el diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Sergio Moya de la Cruz, alias Gory, quien supuestamente pagaba “por sus bancas ilegales y por las máquinas ilegales”.
Al parecer “el problema” con Gory, ocurrió por vía telefónica, haciendo que no aguantara “más presión”, debido a que tras el inconveniente “caí interno porque me explotó un divertículo, fui a cuidados intensivos por 7 días en Cedimat y luego 3 días habitación, al irme a casa y hablar con la familia me vi en la necesidad de salir por qué cuerpo no me lo permitía”.
Lo segundo que motivo su salida del esquema fue que una persona identificada como Marcial Guerrero había manipulado la licitación para el software “con otro esquema que no fue el planificado”, por lo que Fernando Crisóstomo “se sintió traicionado, advirtió que se retiraría y; yo decidí acompañarlo en su retirada”.
Patrimonio
Al ser cuestionado de los bienes que integran su patrimonio, le dijo a los fiscales que tenía una casa, 30 mil dólares en ahorro para el tratamiento de su hijo, una Chevrolet Suburban 2021; un apartamento “que debe constar 145 mil dólares” un préstamo de 5 millones de pesos y un AirBnB, en Punta Cana Village.
Vinculación de Senasa
El nombre de este hombre volvió a salir a la luz al ser uno de los testigos que presenta el Ministerio Público en el expediente de solicitud de medida de coerción en contra de Santiago Hazim, exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa) y otros nueve implicados en este desfalco contra el Estado.
De acuerdo al Ministerio Público, José Pablo Ortiz, quien tenía una amistad de 30 años con Santiago Hazim, era la persona clave en el cobro de sobornos por ofrecer contratos en el Senasa. Del dinero cobrado, entregaba 90% a Santiago Hazim y se quedaba con un 10%.
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