“En los contratos de alquiler del Estado no existe la renovación automática” dijo Carlos Pimentel

Santo Domingo.- El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, aseguró que los contratos de alquiler en el Estado dominicano no pueden renovarse automáticamente bajo ninguna circunstancia. “Cualquier contrato vencido debe someterse a un nuevo proceso de contratación conforme a la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas”, afirmó.

Esta aclaración surge en el contexto de las recientes solicitudes de revisión de contratos de alquiler por parte de entidades como el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), cuyo director, Guido Gómez Mazara, ha solicitado una opinión técnica sobre el arrendamiento del edificio que ocupan desde hace más de dos décadas.

Pimentel destacó que la decisión sobre renegociar, rescindir o buscar alternativas recae en la institución contratante, pero advirtió que todos los procesos deben ajustarse a las normativas vigentes.

Modalidades de contratación de alquileres

El director explicó que, desde 2020, todos los contratos de alquiler deben regularse bajo la Ley 340-06. Existen dos modalidades específicas para su adjudicación:

Exclusividad: Se aplica cuando hay hasta cinco oferentes que cumplen con los requisitos de ubicación y especificaciones técnicas.

Proveedor único: Cuando solo un inmueble satisface las necesidades de la institución, se permite una contratación directa.

Pimentel enfatizó que estos mecanismos buscan garantizar la transparencia y el uso eficiente de los recursos públicos, especialmente en contratos de larga duración que representan compromisos financieros significativos.

Sobre el contrato del edificio de Indotel

El caso del edificio ocupado por Indotel ejemplifica la importancia de estas regulaciones. Según Pimentel, la Dirección de Contrataciones Públicas está dispuesta a emitir un análisis técnico sobre el contrato si se les remite la documentación, pero subrayó que la revisión y toma de decisiones corresponden a Indotel.

“Las instituciones tienen el deber de evaluar la relación costo-beneficio y considerar alternativas si el contrato no cumple con las expectativas financieras o estratégicas”, explicó.