Estado dominicano se constituye en actor civil contra Jochi Gómez y Hugo Beras por caso semáforos

Santo Domingo.- El Estado dominicano ha decidido presentarse formalmente como parte civil en el caso judicial que investiga presuntos actos de corrupción relacionados con el contrato de modernización del sistema de semáforos del Gran Santo Domingo. El expediente tiene como principales señalados al exdirector del Intrant, Hugo Beras, y al empresario José “Jochi” Gómez-Canaán, propietario de las compañías Transcore Latam y Aurix.

La solicitud fue presentada por un grupo de abogados del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público, quienes actuaron en nombre del Estado y del propio Intrant. El documento fue depositado ante la jueza Patricia Padilla, responsable de supervisar las diligencias que encabeza la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

El contrato para la modernización del sistema de semáforos del Gran Santo Domingo fue adjudicado en 2023 por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) a la empresa Transcore Latam, por un monto cercano a los 1,300 millones de pesos. Desde el inicio, el proceso generó sospechas debido a que la compañía adjudicataria utilizó el nombre y datos de una reconocida empresa estadounidense, TransCore LP, a pesar de no tener ningún vínculo con ella.

La adjudicación fue presentada como parte de una licitación orientada a implementar un sistema inteligente de control de tráfico, pero se detectaron múltiples irregularidades, entre ellas, el uso de documentación técnica no autorizada y el cambio de proveedores respecto a los que aparecían en el pliego original.

Antes de la firma del contrato, la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) había advertido al Intrant sobre los riesgos de entregar el control de los semáforos a una entidad privada, señalando que el sistema era un componente crítico para la seguridad nacional. Sin embargo, esas recomendaciones fueron ignoradas, y el acuerdo se firmó en junio de ese año.

Poco después, comenzaron a surgir denuncias formales. Una empresa local alegó que Transcore Latam se había apropiado de información técnica de manera indebida para participar en la licitación, lo que derivó en una denuncia por apropiación ilícita. Paralelamente, se iniciaron investigaciones desde la Dirección General de Contrataciones Públicas, y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) asumió el caso.

Ante el avance de las indagatorias, el director del Intrant, Hugo Beras, solicitó una licencia para facilitar el curso de las investigaciones. Con el paso de los meses, se ha ido ampliando el número de implicados, incluyendo exfuncionarios del Intrant y representantes de varias empresas vinculadas. Actualmente, el Estado dominicano se ha constituido como actor civil en el proceso judicial, con el objetivo de reclamar los recursos públicos que se presumen fueron utilizados de forma fraudulenta.