Publicado en Regionales, hace 3 semanas
Villa Jaragua, Provincia Bahoruco.- El exdiputado Rafael Méndez denunció a través de una nota de prensa que patrullas motorizadas de la Policía Nacional, se aprovechan de la política de migración dominicana para extorsionar sistemáticamente a ciudadanos haitianos, sin importar su estatus migratorio legal.
Según Méndez, estas acciones se han convertido en un “negocio ilícito” que agrava la vulnerabilidad de los nacionales del país vecino.
“Los haitianos ya saben que deben llevar consigo al menos dos mil pesos para evitar detenciones arbitrarias. De lo contrario, son apresados, conducidos a dependencias policiales o incluso llevados a la frontera, donde se les obliga a pagar para recuperar su libertad”, afirmó Méndez. Estas prácticas, según el exlegislador, violan las leyes dominicanas y los derechos humanos fundamentales.
Méndez señaló que los agentes policiales actúan bajo el pretexto de verificar documentación, pero en realidad utilizan estas revisiones como un mecanismo para extorsionar a los ciudadanos haitianos. Indicó que estas acciones han generado un clima de abuso e incertidumbre entre esta población.
“Es un problema grave de corrupción que debe ser investigado. La Dirección General de Migración es la única autoridad competente para llevar a cabo controles migratorios, y estas operaciones no deben estar en manos de patrullas policiales”, enfatizó.
El exdiputado, quien presidió la Comisión de Frontera de la Cámara de Diputados, instó a las autoridades a actuar con urgencia para frenar estas prácticas ilegales. Exigió sanciones ejemplares contra los responsables y abogó por un manejo migratorio basado en el respeto a los derechos humanos y el cumplimiento de la ley.
“Es fundamental evitar que estas acciones continúen revictimizando a una población ya afectada por la pobreza y la inseguridad. Las autoridades deben tomar cartas en el asunto para garantizar la integridad del sistema de justicia y los derechos de todas las personas en nuestro territorio”, concluyó Méndez.
Esta denuncia pone nuevamente en el foco las tensiones y desafíos del manejo migratorio en la República Dominicana, así como la urgente necesidad de combatir la corrupción en las fuerzas de seguridad.