Finjus advierte que modificación a Ley de Residuos debe someterse a una comisión especial

Santo Domingo.-  La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), ha emitido un llamado a las autoridades para que las modificaciones recientemente aprobadas por el Senado a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, sean analizadas en una comisión especial.

Según lo emitido, estas modificaciones aprobadas con carácter de urgencia y sin consulta pública, introducen cambios significativos como aumentos en el sistema de pagos y valorización, uso de materiales aditivos y una extensión en los plazos para eliminar plásticos, entre otros​.

“Desde Finjus advertimos que dichas modificaciones deben ser sometidas a una Comisión Especial que estudie su armonía respecto al ordenamiento jurídico y el impacto económico que pudiesen generar”, sugiere la entidad.

De ese modo, Finjus advierte que estas medidas podrían generar impactos económicos y jurídicos negativos si no se evalúan adecuadamente. Subraya que el proceso de aprobación excluyó a actores clave como el Ministerio de Medio Ambiente, vulnerando principios constitucionales de participación e inclusión ciudadana, establecidos en la sentencia TC/0458/21 del Tribunal Constitucional: “La dimensión material del Estado Social y Democrático de Derecho exige la participación de los ciudadanos en los distintos ámbitos del interés general, sobre todo, en materia de derechos colectivos y difusos como el derecho a un medioambiente adecuado”​.

A continuación, el documento integro

FINJUS advierte analizar modificaciones a la Ley 225-20

Recientemente, fue aprobado con carácter de urgencia por el Senado un proyecto de Ley que introduce modificaciones a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos. El mismo introduce cambios significativos como aumentos en el sistema de pagos y valorización, el uso de materiales aditivos, extensión para la eliminación de plástico, entre otros.

Desde FINJUS advertimos que dichas modificaciones deben ser sometidas a una Comisión Especial que estudie su armonía respecto al ordenamiento jurídico y el impacto económico que pudiesen generar. Las mismas fueron aprobadas sin ser sometidas a consulta pública, excluyendo actores claves como el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y demás sectores impactados por la medida.

En efecto, el Tribunal Constitucional ya establecía en su sentencia TC/0458/21 que: “la dimensión material del Estado Social y Democrático de Derecho exige la participación de los ciudadanos en los distintos ámbitos del interés general, sobre todo, en materia de derechos colectivos y difusos como el derecho a un medio ambiente adecuado (…)”. En este sentido, con el conocimiento de estas modificaciones, se vulneran los principios de participación e inclusión.

A lo anterior, se le suma el aumento desproporcionado de las contribuciones, lo que podría generar un impacto negativo en la competitividad de las empresas de sectores productivos a nivel nacional. Ello sin mencionar que con estas disposiciones se violaría el principio de razonabilidad y expondría la posibilidad de presentar un escenario marcado por la doble tributación.

El manejo de la producción de residuos debe concentrar sus esfuerzos en promover una estructura que combata el tratamiento de los desechos en una industria de reciclaje incipiente que fomente los niveles de concienciación ciudadana, y que elimine los niveles de burocracia en el coprocesamiento de residuos, otorgando atención a los sectores con mayor incidencia para construir un modelo más equitativo y sostenible.

Lograr una gestión integral de residuos sólidos conlleva implementar una estructura que pondere a todos los sectores nacionales. La cantidad de desechos que amenazan el desarrollo viable y seguro del medio ambiente en el país es un tema que debe ser abordado con la participación de la ciudadanía, contando con procesos que involucren las medidas del sector industrial y que a la vez sensibilicen a la ciudadanía para favorecer el fomento de una cultura verde.

De manera oportuna, FINJUS subraya que el proyecto de Ley sea sometido a un estudio que analice su viabilidad económica y su sostenibilidad ambiental. Si bien resulta inevitable la necesidad de otorgar condiciones que generen cambios significativos en el coprocesamiento de los residuos, el mismo debe acompañarse de un ánimo de integración que cumpla con los principios constitucionales y que involucre a todos los sectores que conforman el país.