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Finjus pide cambios ley del DNI por riesgo a derechos fundamentales

Publicado en Nacionales, hace 3 horas

Santo Domingo.- La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) planteó ante la Cámara de Diputados una serie de observaciones al proyecto de Ley Orgánica de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) , al considerar que la iniciativa, en su redacción actual, presenta vacíos y ambigüedades que podrían traducirse en vulneraciones a derechos fundamentales.

La posición de la entidad fue expuesta por su vicepresidente ejecutivo, Servio Tulio Castaños Guzmán , quien advirtió que la legislación debe alejarse de cualquier enfoque con rasgos autoritarios y ajustarse estrictamente al marco constitucional, en especial en lo relativo a la privacidad, la libertad de expresión y la protección de datos personales.

Finjus señaló como punto crítico el alcance de las facultades que se pretende otorgar al DNI, particularmente en materia de recolección de información.

En ese sentido, sostuvo que cualquier requerimiento de datos a entidades privadas, financieras o de telecomunicaciones debe estar debidamente justificado, limitarse a casos específicos y contar con autorización judicial previa.

La organización también rechazó el acceso indiscriminado a información sensible y propuso reforzar los mecanismos de control democrático, planteando que el órgano de inteligencia rinda cuentas no solo al Poder Ejecutivo, sino también a una comisión bicameral del Congreso Nacional.

En el ámbito administrativo, Finjus cuestionó que el DNI quede excluido de manera general de la Ley de Compras y Contrataciones, recomendando que las excepciones se limiten únicamente a asuntos directamente vinculados con la seguridad nacional.

Asimismo, Castaños Guzmán alertó sobre posibles interferencias con las funciones del Ministerio Público y subrayó la necesidad de proteger el secreto profesional y las fuentes periodísticas.

La fundación propuso que cualquier indicio de delito detectado por el DNI sea remitido de inmediato a la Procuraduría General de la República y que se establezca un régimen de responsabilidad penal para los agentes que actúan fuera de la ley.

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