La Constitución, un pacto social en riesgo

La Constitución de la República Dominicana, como carta magna de nuestra nación, representa un pacto social fundamental. En ella se encuentran plasmados los principios, valores y derechos que rigen la convivencia ciudadana y organizan el Estado.

Sin embargo, en los últimos tiempos hemos sido testigos de una creciente tendencia a interpretar y aplicar la Constitución de manera flexible, muchas veces al margen de su espíritu original y de los procedimientos establecidos.

El término “manoseada” resulta cada vez más apropiado para describir la situación actual. La Constitución no es un documento estático, sino que debe adaptarse a las nuevas realidades y desafíos de la sociedad. No obstante, esta adaptación debe realizarse a través de los mecanismos constitucionales establecidos, garantizando siempre el respeto a los derechos fundamentales y a la separación de poderes.

La frecuente modificación o interpretación extensiva de la Constitución genera una sensación de inestabilidad institucional y socava la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Cuando las reglas del juego cambian constantemente, se dificulta la predictibilidad y la certidumbre jurídica, elementos esenciales para el desarrollo de cualquier sociedad.

Es imperativo que los actores políticos, sociales y judiciales actúen con responsabilidad y sensatez, poniendo siempre por encima de intereses particulares el bien común y el respeto a la Constitución. La estabilidad jurídica es un bien preciado que debemos proteger y transmitir a las futuras generaciones.

Un Estado de derecho sólido se construye sobre la base de una Constitución respetada y aplicada de manera consistente. La Constitución no es un adorno, sino el fundamento de nuestra democracia. Solo a través de su fiel cumplimiento podremos garantizar un futuro próspero y justo para todos los dominicanos.