
Publicado en Editorial, hace 2 horas
La gestión migratoria en República Dominicana, particularmente en lo que concierne a la repartición de haitianos, se ha convertido en una herida abierta que exige una profunda reflexión ética y humanitaria. Si bien todo Estado tiene el derecho soberano de aplicar sus leyes migratorias, este ejercicio no puede ni debe desligarse del estricto respeto a los derechos humanos y a la dignidad de cada individuo.
Las denuncias constantes y documentadas sobre violaciones a la integridad personal y la confiscación de pertenencias en los operativos de repatriación son alarmantes. Estos actos, que incluyen el uso excesivo de la fuerza, y el despojo de documentos y bienes, desdibujan el marco legal y tiñen la política migratoria de un matiz de abuso y discriminación. No es solo la deportación, sino la forma en que se ejecuta, lo que vulnera el derecho internacional y la conciencia moral.
Más grave es la persistencia de una práctica constante de extorsión y abuso por parte de los agentes de autoridad. Este sistema de corrupción no solo lucra con la vulnerabilidad de las personas migrantes, sino que institucionaliza la impunidad y profundiza el sufrimiento de quienes ya se encuentran en una situación de extrema precariedad, muchos huyendo de una crisis humanitaria y de seguridad en Haití.
La República Dominicana tiene la ineludible responsabilidad de garantizar que sus políticas se implementen con humanidad y transparencia.
Es urgente que las autoridades pongan fin a las prácticas de abuso, extorsión y despojo. Investiguen y sancionen ejemplarmente a los funcionarios que incurran en estas violaciones. Y aseguren el debido proceso y la correcta identificación, evitando la repatriación de dominicanos de ascendencia haitiana y respetando los protocolos internacionales para personas vulnerables.
El trato a la población migrante es el espejo de la calidad moral de una nación. La historia y la convivencia en la isla exigen un enfoque que equilibre la soberanía con la solidaridad, poniendo la dignidad humana en el centro de cualquier política.