La muerte no es una política de seguridad

El recurso sistemático a los llamados «enfrentamientos» o la eliminación física de presuntos delincuentes se presenta a menudo como una respuesta mano dura, rápida y efectiva ante el clamor ciudadano por mayor seguridad. Sin embargo, abordar el crimen desde la letalidad policial no solo es éticamente insostenible, sino tácticamente ineficaz: exterminar personas no destruye la delincuencia, solo altera temporalmente sus rostros.

La violencia estatal genera un círculo vicioso de radicalización. Cuando el mensaje institucional es que la vida carece de valor frente al delito, la respuesta del crimen organizado y común es armarse mejor y actuar de forma más despiadada. Un delincuente que sabe que no tiene garantía de llegar con vida a un tribunal no se entrega; combate hasta el final, poniendo en riesgo a los propios agentes y a civiles inocentes.

Además, la ejecución extrajudicial degrada las bases del Estado de derecho. Confundir la justicia con el ajusticiamiento debilita la confianza en el sistema judicial y abre la puerta a abusos irreparables, donde el margen de error institucional se paga con vidas humanas sin debido proceso.

La verdadera seguridad ciudadana no se mide en bajas, sino en la capacidad del Estado para prevenir el delito, profesionalizar a los cuerpos policiales, sanear los sistemas penitenciarios y garantizar una justicia pronta y efectiva. Reducir la estrategia contra el crimen al exterminio de sus eslabones más débiles es una ilusión peligrosa que posterga las reformas estructurales que la sociedad exige con urgencia.