.png)
(809) 524-5688
Tasas de Cambio
Combustibles
El caso de la magistrada Pilar Jiménez Ortiz encaja en la categoría de no ratificación, aunque su salida ha tenido un matiz más confrontativo debido a su reacción pública frente a las motivaciones del Consejo Nacional de la Magistratura.
Jiménez Ortiz ocupaba la presidencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia y era además la segunda sustituta del presidente del tribunal. Su trayectoria es una de las más amplias y diversas sustentada en una sólida formación académica: es doctora en Derecho por la UASD (1986), posee maestrías en Derecho Empresarial, Derecho Procesal Civil y Justicia Constitucional, así como un postgrado en Procedimiento Civil.
Inició sus funciones como jueza de paz para asuntos municipales de Manganagua en 2002, para luego convertirse en jueza de primera instancia y presidenta de la Cámara Civil del Distrito Nacional entre 2005 y 2012. Tras su ascenso a jueza de Corte, ocupó posiciones relevantes en la jurisdicción civil y posteriormente como jueza presidenta de una sala del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central. Su llegada a la Suprema Corte se produjo en julio de 2017, y desde 2019 dirigía la Sala Civil y Comercial.
Su salida no fue silenciosa. La magistrada consideró como “desacertadas y desconsideradas” las razones expuestas por el CNM, y sostuvo que la decisión no solo implicaba su exclusión, sino “el colapso del Estado de Derecho”. En su misiva, denunció campañas de descrédito destinadas —según afirmó— a justificar la no ratificación.
Manuel Alexis Read Ortiz: la edad como factor decisivo
En el caso del magistrado Manuel Alexis Read Ortiz, la razón de salida también fue la no ratificación, aunque sustentada en un argumento distinto: la edad.
El Consejo Nacional de la Magistratura ponderó —según consta en el acta correspondiente— que, de ser confirmado, el magistrado ocuparía menos del 30 % del tiempo previsto constitucionalmente para un nuevo período en la Suprema Corte, dado su cercanía con la edad de retiro obligatorio establecida en el artículo 151 de la Constitución. Se trató, esencialmente, de un razonamiento técnico sobre la permanencia mínima requerida para un juez ratificado.
Read Ortiz, sin embargo, es uno de los jueces de carrera más completos que ha pasado por la Suprema Corte en las últimas décadas. Doctor en Derecho por la UASD, con una especialidad en Ciencias Penales por la Universidad de Costa Rica desde 1985, suma más de tres décadas de servicio judicial continuo.
Ha sido juez de paz en San José de Ocoa, juez presidente de salas civiles de primera instancia, presidente de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Santo Domingo y titular del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central.
Fue designado juez de la Suprema Corte en 2017 y escogido presidente de la Tercera Sala en 2019.
Moisés Ferrer Landrón: un cierre marcado por tensiones institucionales
Finalmente, el magistrado Moisés Ferrer Landrón cierra la lista de los cinco jueces que se despiden de la Suprema Corte de Justicia. Su salida responde también a la no ratificación, aunque su trayectoria reciente ha estado marcada por un conflicto institucional que en su momento llegó al Tribunal Constitucional.
Ferrer Landrón es licenciado en Derecho por la UASD, con un amplio conjunto de maestrías y especializaciones en Derecho Administrativo, Derecho Constitucional, Procedimiento Civil, Derecho Penal y Estudios Políticos Electorales.
Su carrera judicial se vio expuexta en 2021 cuando el Tribunal Constitucional ordenó su reposición como juez titular de la Tercera Sala, tras determinar que su traslado a otra sala sin consentimiento vulneraba principios como la inamovilidad judicial, la seguridad jurídica y la independencia de los jueces. El Constitucional incluso impuso una astreinte de RD$10,000 diarios por cada día de retardo en ejecutar su reposición, lo que convirtió su caso en uno de los precedentes más emblemáticos en materia de protección judicial interna.
La decisión del CNM de no ratificarlo deja atrás un expediente judicial cargado de tensiones administrativas y constituye una salida que, aunque formalmente enmarcada en el procedimiento de evaluación, también cierra un capítulo con sus fricciones.
