Los funcionarios deben rendir cuentas dijo Juez Vargas

Santo Domingo.- El juez del Tribunal Constitucional, José Alejandro Vargas, valoró como un despertar del control social y de las leyes los sometimientos judiciales de actuales y pasados funcionarios vinculados a casos de alegada corrupción administrativa.

El magistrado dijo que los incumbentes tienen el compromiso legal, social y moral de rendir cuentas al país.

Vargas habló previo ser reconocido por Participación Ciudadana en un acto al que asistieron personalidades distintas.

Se recuerda que la directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch valoró la importancia de que las investigaciones que emprenda el Ministerio Público sobre las auditorías practicadas por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana en varias dependencias del Gobierno se extiendan a los funcionarios públicos que permitieron o autorizaron las presuntas acciones corruptas detectadas.

En una comunicación dirigida a la procuradora general de la República, Miriam Germán, Ortiz Bosch, considera que el país se encuentra ante la oportunidad histórica. Para construir un moderno y eficaz sistema de administración pública en el que los gestores de gobierno actúen convencidos de que el cumplimiento de los procedimientos. Y normas es la más efectiva herramienta contra la corrupción.

Funcionarios públicos

Asimismo, la exvicepresidenta se refiere específicamente a informes de auditorías practicados por Cámara de Cuentas (CCRD) a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado. Esto en cuanto a los procesos realizados de equipamiento de Hospitales con relación a La empresa Domedical Supply S.R.L.

Igualmente al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en cuanto al proceso de urgencia para la reparación y mantenimiento general de centros hospitalarios.

También a la Policía Nacional, por la adjudicación, ejecución, despacho, fiscalización y libramientos de pago por concepto de suministro de combustible.

“Como es de su conocimiento, el articulo 6 numeral 29 del Decreto núm. 486-12 que crea la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.