Los imputados por el fraude en Senasa llegan al tribunal con los rostros cubiertos

Santo Domingo.- La Oficina de Atención Permanente intentará conocer la solicitud de coerción contra los acusados del fraude contra la ARS Senasa, los cuales fueron trasladados al tribunal con los rostros cubiertos con mascarillas.

Los 10 acusados del fraude al Senasa que causó más de 15 mil millones de déficit a esa única ARS estatal fueron trasladados al tribunal que le conocerá medidas de coerción, aunque la mayoría de los abogados adelantaron que solicitarán se aplace para ellos poder leer bien el expediente depositado ayer por el Ministerio Público.

El órgano acusador pide 18 meses de prisión preventiva y que el caso, bautizado como Operación Cobra, se declare complejo.

Acusación

El Ministerio Público sostiene que en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) operó, durante varios años, una estructura criminal dirigida a desviar fondos públicos, manipular procesos internos y beneficiar económicamente a un grupo de funcionarios y allegados.

La acusación, contenida en la solicitud de medida de coerción y declaratoria de complejidad, depositada anoche, describe un entramado que combinó fraude administrativo, corrupción, falsificación documental y lavado de activos. Por el momento hay diez acusados.

Según la investigación, la red habría sido encabezada por el entonces director ejecutivo del Senasa, Santiago Marcelo Hazim Albainy, junto a varios gerentes y colaboradores estratégicos. Este grupo, de acuerdo con la imputación, creó un sistema paralelo de toma de decisiones que anulaba los controles institucionales y permitía manipular la contratación y habilitación de prestadores de servicios de salud.

Uno de los puntos centrales del expediente es la presunta manipulación de los sistemas financieros y administrativos del asegurador estatal. El MP afirma que los imputados alteraron estados financieros, introdujeron reclamaciones falsas y justificaron pagos irregulares mediante documentación adulterada. Estas maniobras habrían afectado directamente las Reservas Técnicas de Senasa, con un perjuicio estimado en más de 15,900 millones de pesos hasta diciembre de 2024.

La acusación también detalla un esquema de corrupción interna mediante el cual se negociaba la aprobación, ampliación o habilitación de prestadores a cambio de sobornos. Para ello, se habría utilizado un “comité operativo” integrado por gerentes cercanos al director ejecutivo, encargado de centralizar las decisiones sensibles del seguro.

El Ministerio Público afirma que se trató de un mecanismo diseñado para vulnerar los requisitos regulatorios y facilitar beneficios económicos ilícitos.