Minería y desarrollo

Eddy Peryra Ariza

Corría el año 1968, cuando el presidente Joaquín Balaguer  decidió que sus seguidores, especialmente los jóvenes, debían formarse en la doctrina demócrata cristiana, cuyo Partido Reformista se había incorporado en 1984.

Para ese adoctrinamiento, fuimos escogidos un grupo de 15 o 20 con la finalidad de realizar estudios de política comparada en la Universidad UTAL, de la hoy República Bolivariana de Venezuela.

El expresidente Rafael Caldera, introductor de la democracia cristiana de América Latina y quien era el principal disertante del curso, decidió que fuéramos a realizar trabajo  de observación en  la parte rural del gran Caracas.

Con el grupo que me tocó trabajar, compuesto por Emigdio Mercedes, José Rijo, Aula Peralta, Modesto Guzmán, Annie Felipe,  Jonathan Rodríguez Pimentel y Toni LLuberes , me dirigí a una montaña de San Antonio de los Altos, Estado de Miranda, y de manera súbita, nos encontramos con un sepelio o enterramiento de un niño cuyos familiares visualmente lucían que rondaban en la pobreza extrema.

Por curiosidad, preguntamos a uno de los pocos acompañantes sobre el motivo de la muerte de esa criatura y en voz baja un señor nos narró con algunos detalles, que esa familia no tenía dinero para alimentarse.

Cruel ironía del destino: aquel niño, víctima de la inanición   se desvaneció, consumido por el hambre que lo abrazó con fuerza y en la loma que ahora lo envuelve en su silencio, yacía una mina de oro, oculta y sin tocar, esperando ser descubierta.

Una comunidad que tenga en sus tierras recursos mineros no debe perder la oportunidad de explorar su factibilidad. Porque la minería no solo impulsa la economía a través de la creación de empleos directos e indirectos y el aumento de ingresos, sino que también contribuye al bienestar de las comunidades al facilitar el acceso a recursos vitales. En este sentido, su papel es crucial para el progreso sostenible de la sociedad.

Debido básicamente al tema ambiental, se producen desacuerdos. De acuerdo con datos del Observatorio Lainoamericano de Conflictos Mineros, en nuestros países existen varios puntos críticos o focos mineros. Solo en Chile hay 35, teniendo el índice más alto junto a México y Perú. En tanto que, en  República Dominicana no se registran conflictos mayores, principalmente por la capacidad que ha tenido el gobierno de dirimir mediante acuerdos con las empresas mineras y las comunidades cualquier obstáculo que se presente.

Por otra parte, hay algo más. La nueva matriz energética que se basa en fuentes renovables, como la solar, la hidroeléctrica, entre otras, ha acrecentado la demanda de minerales. Y la paradoja es que los ambientalistas son los que más exigen que se abran las minas de cobre y de litio, entre otras, porque solo así podemos dar ese salto a la nueva matriz energética.

Estamos asistiendo a un cambio del interés de la minería centrado especialmente en las naciones del sur de Latinoamérica, cuyos grupos sociales se suman al entendimiento y la necesidad de progresar y superar la pobreza, no con ilusión, si no con la capacidad de bienes que poseen los países.

La acción del presidente Luis Abinader, es previsora. Teniendo como fundamento que la actividad minera se realice de manera sostenible y responsable para mitigar cualquier alteración ambiental y  social, Abinader proyecta,  que la integración del Estado con las empresas mineras y las comunidades, es la esencia del nuevo  paradigma de las iniciativas mineras.

Se puede convivir con la naturaleza, la defensa del medio ambiente y el desarrollo de la minería. Por lo tanto, la tendencia es promover y apoyar la inversión extranjera; operar  con la comunidad, desde la comunidad y para la comunidad; y que el Estado asegure  que se cumplan sus propias decisiones de desarrollo.