Ordenan Sipen entregue informe cuentas inactivas

Santo Domingo.- El Tribunal Superior Administrativo (TSA) acogió el recurso de amparo interpuesto por el Grupo de Medios Panorama y ordenó a la Superintendencia de Pensiones (SIPEN) entregar la información solicitada sobre las cuentas de capitalización individual inactivas regenteadas por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Mediante sentencia del 8 del pasado diciembre, la alta corte rechazó la solicitud de la SIPEN que procuraba la inadmisibilidad del recurso al considerar que la acción presentada por Panorama es “notoriamente procedente”, al tratarse del ejercicio legítimo del derecho fundamental de acceso a la información pública.

El tribunal fundamentó su decisión en la Ley 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, los cuales establecen la tutela judicial efectiva de los derechos fundamentales y los principios que rigen las acciones constitucionales.

Ordenó a la SIPEN suministrar la información requerida, en apego a los principios de transparencia, legalidad y rendición de cuentas.

Los hechos

El medio de comunicación solicitó datos estadísticos, generales y desagregados que permitan identificar el volumen, estatus y comportamiento de las cuentas inactivas del sistema de pensiones, amparándose en la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública, al tratarse de información de alto interés social, económico y fiscal.

Durante el proceso, la SIPEN alegó que parte de la información solicitada estaría protegida por el régimen de datos personales. No obstante, Panorama sostuvo y así lo acogió el tribunal, que el requerimiento no incluye datos sensibles ni información individualizada de afiliados, sino cifras globales que permiten evaluar la gestión, supervisión y transparencia del sistema previsional dominicano.

El TSA coincidió en que el acceso a este tipo de información resulta esencial para comprender el manejo de los fondos de pensiones inactivos y su impacto potencial en millones de trabajadores afiliados, sin que vulnere derechos fundamentales de terceros.

Diversos sectores de la sociedad civil, expertos en políticas públicas y analistas del sistema de seguridad social han mostrado interés en el caso, al considerar que la decisión constituye un precedente relevante sobre los límites entre la protección de datos personales y el derecho ciudadano a la información pública en el ámbito