Pro-Competencia investiga a tres empresas por presunta colusión en licitaciones de Comedores Económicos

Santo Domingo. – La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia) inició una investigación formal contra las empresas Alsara VJ, SRL, Gemar, SRL y Virginia, SRL, por posible concertación de ofertas en licitaciones públicas convocadas por los Comedores Económicos del Estado Dominicano.

Según la resolución núm. RII-DE-AAC-002-2025, emitida por la Dirección Ejecutiva de Pro-Competencia, se identificaron indicios que sugieren una posible coordinación ilícita entre los agentes económicos involucrados. Entre los hallazgos destacan similitudes en las presentaciones de productos, así como pólizas de garantía emitidas por la misma aseguradora, con fechas y números consecutivos, a pesar de que las empresas tienen domicilio en distintas provincias del país.

Estos patrones podrían constituir, asegura Pro-Competencia, prácticas colusorias, con el objetivo de obtener ventajas indebidas en la adjudicación de contratos estatales.

INVESTIGACIÓN EN CURSO, NO IMPLICA CULPABILIDAD:

La Dirección Ejecutiva aclaró que la apertura de la investigación no implica prejuzgamiento, ni constituye una presunción de culpabilidad por parte de las empresas involucradas. Se trata de una etapa inicial que forma parte de la debida diligencia procesal, cuyo objetivo es verificar la existencia o no de una infracción a la Ley núm. 42-08 General de Defensa de la Competencia.

POSIBLES SANCIONES POR INFRACCIÓN A LA LEY 42-08:

En caso de comprobarse los hechos, las acciones podrían representar una violación al artículo 5 de la Ley 42-08, que prohíbe acuerdos entre empresas que limiten o distorsionen la competencia en procesos de contratación pública.

Las sanciones por este tipo de prácticas incluyen multas que van desde 30 hasta 3,000 veces el salario mínimo, de acuerdo con la normativa vigente.

PRÓXIMAS ACCIONES DE PRO-COMPETENCIA:

Pro-Competencia continuará con las diligencias procesales necesarias, conforme al debido proceso y a las disposiciones legales, con el propósito de determinar la existencia o no de conductas que afecten la libre y leal competencia en el mercado dominicano.