Surún Hernández advierte que designación de Antoliano Peralta como ministro de Justicia podría favorecer impunidad en caso SeNaSa

Santo Domingo.- El expresidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), Miguel Surún Hernández, expresó su preocupación por el nombramiento de Antoliano Peralta como ministro de Justicia, al considerar que podría fortalecer el control político sobre el sistema judicial y favorecer la impunidad en casos de corrupción, como el del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).

“La Convergencia Nacional contra el Robo de la Seguridad Social en el Día del Poder Judicial acude a manifestar su preocupación con el nombramiento del señor Antoliano Peralta como Ministro de Justicia, tendente a reforzar el control sobre el sistema de justicia del poder político que garantice la impunidad de los corruptos, muy especialmente de los involucrados en el desfalco de Senasa”, sostuvo Surún Hernández.

Durante una manifestación por el Día del Poder Judicial, Surún Hernández denunció presiones institucionales en torno al caso SeNaSa y calificó como injusta e inconstitucional la sanción impuesta al juez Rigoberto Sena, quien conocía el proceso. A su juicio, esta medida envía un mensaje a otros jueces que manejan casos sensibles.

El jurista informó que fue depositado un recurso de apelación para que Eduardo Ríos Estrella, señalado como parte clave del entramado, sea enviado a prisión, y cuestionó la falta de independencia del sistema judicial.

Estas declaraciones se producen tras el anuncio del presidente Luis Abinader, quien informó el inicio de una nueva etapa de su gestión con designaciones y rotaciones de funcionarios. A través de su cuenta en X, el mandatario comunicó que Jorge Subero Isa fue designado consultor jurídico del Poder Ejecutivo, mientras que Antoliano Peralta, quien ocupaba ese cargo, pasó a ser ministro de Justicia.

Caso SeNaSa – Operación Cobra

El caso SeNaSa, conocido como Operación Cobra, es una investigación del Ministerio Público sobre un presunto entramado de corrupción y lavado de activos vinculado al desfalco de fondos del Seguro Nacional de Salud. El proceso involucra a empresarios y exfuncionarios, donde figura como cabecilla del entramado Santiago Hazim, acusados de beneficiarse de contratos y mecanismos irregulares, causando un grave perjuicio económico al sistema de seguridad social del Estado. El caso se encuentra en fase judicial y ha generado amplio debate público por decisiones adoptadas en los tribunales y por sanciones disciplinarias a jueces vinculados al proceso.