Transparencia de los préstamos públicos

Desde hace unos años para acá diversos sectores de la sociedad han venido reclamando ciertos niveles de transparencia en el manejo de los recursos públicos que se obtienen a través de préstamos y otros tipos de financiamientos.

Cuando hablamos de transparencia en los préstamos públicos nos referimos a la disponibilidad de información sobre los procesos de autorización, negociación, contratación, ejecución y supervisión de estos préstamos.

Pero la verdad es que, aunque, tanto la Ley No. 6-06 de Crédito Público, como su Reglamento No. 630-06, disponen “establecer las normas e instructivos para el seguimiento, información y control” del uso de los recursos obtenidos mediante operaciones de crédito público, en la práctica dichas normas e instructivos han brillado por su ausencia, ya que es poco lo que se puede conocer sobre la manera de cómo se usan y destinan dichos recursos.

La transparencia es un principio que se aplica en la administración pública para que la población tenga acceso a la información sobre las acciones del gobierno de manera completa, oportuna y verificable, pero, a decir verdad, en lo que respecta al uso dado a los préstamos públicos, tal enunciado no se aplica.

La Ley le faculta al Estado capacidad de endeudarse, con el propósito de captar medios de financiamiento para realizar inversiones reproductivas, atender casos excepcionales de emergencia nacional, reestructurar su organización o para refinanciar sus pasivos.

Pero esa facultad reconocida al Estado debe siempre estar sujeta a la presentación periódica de informes públicos sobre la ejecución de los recursos adquiridos mediante préstamos, de manera clara, exhaustiva, fiable y puntual. Esto es fundamental para la gestión y rendición de cuentas ante la ciudadanía.

El derecho de los ciudadanos a investigar y recibir informaciones y opiniones y a difundirlas está consagrado como un principio universal en varias convenciones internacionales, ratificadas por la República Dominicana, razón por la cual el Estado está en el deber de garantizar el libre acceso a la información en poder de sus instituciones, cuando se trate de préstamos públicos.

Este escrutinio es vital para garantizar que los préstamos a los Estados se utilicen bien, a los efectos de poder cumplir con los propósitos para los cuales fueron tomados. La transparencia es, principalmente, responsabilidad de los Estados prestatarios, y los prestamistas deben estar dispuestos a conceder préstamos solamente a los Estados que acepten revelar en qué fueron utilizados los mismos.

La sociedad civil, los parlamentos y los medios de comunicación deben siempre ser consultados sobre la autorización, negociación, contratación y ejecución de los préstamos y financiamientos, para que la información sea abierta, estandarizada y estructurada y, por ende, fácilmente verificable.

La transparencia es un paso clave hacia el uso responsable de los préstamos y para evitar que los recursos públicos sean desperdiciados, desviados o robados. Sin transparencia no es posible que la sociedad civil, los medios de comunicación y los parlamentos logren que los gobiernos tengan en cuenta cuánto se está pidiendo prestado, los términos de los contratos, en qué se gastan los préstamos, cómo se reembolsarán y en qué plazo.

Los ciudadanos de un país tienen el derecho de conocer la deuda que el Estado contrae en su nombre. Del mismo modo, los compradores de deudas pueden tomar mejores decisiones si conocen la verdadera situación de la deuda del país cuya deuda están comprando. Cuanto mayor sea la transparencia sobre las deudas estatales, mejores decisiones pueden tomar los prestamistas y los inversionistas.

Disminución del riesgo

La transparencia garantiza que todas las partes interesadas tengan una idea clara del peso de la deuda de un país, lo que disminuye el riesgo asociado a los préstamos y, por lo tanto, podría permitir a los Estados lograr tasas de interés más bajas.

La disposición de un gobierno para revelar los préstamos que contrata debe ser un factor clave en el proceso de evaluación de riesgos del prestamista. La falta de voluntad para hacerlo debería ser una señal de advertencia clara de que es poco probable que los préstamos beneficien a la población del país en cuestión, por lo que no debería otorgarse el préstamo.

Cualquier acción para mejorar la transparencia de los préstamos a los Estados es bienvenida. Por lo tanto, se necesita un incentivo que ofrezca un marco justo para aumentar la transparencia entre todos los prestamistas.