Veinte omisiones en el expediente SeNaSa

Luis M. Guzman

Si las dos primeras entregas evidenciaron fallas regulatorias y silencios institucionales, esta tercera confirma el cuadro completo, el problema no fue sectorial, fue político y estratégico. El caso SeNaSa atravesó controles técnicos, financieros y judiciales sin detenerse, lo que revela una falla sistémica. Para que un entramado de esta magnitud opere durante años, no basta con omisiones administrativas aisladas; se requiere una renuncia colectiva a fiscalizar, supervisar y asumir responsabilidades desde los niveles más altos del Estado.

17- El Congreso Nacional, llamado a ejercer fiscalización política y control presupuestario, permaneció al margen de manera injustificable. No hubo interpelaciones oportunas, comisiones especiales ni comparecencias públicas que obligaran a explicar déficits crecientes, contratos atípicos o concentraciones de poder en SeNaSa. Cuando el órgano que representa a la ciudadanía renuncia a preguntar, el sistema pierde su principal contrapeso democrático y se debilita el principio de rendición de cuentas.

La ausencia del Congreso no fue inocua ni neutra. La fiscalización política es la única capaz de traducir cifras técnicas en responsabilidades públicas y consecuencias institucionales. Al no activarse, se normalizó la opacidad y se permitió que decisiones de alto impacto financiero y social se tomarán sin escrutinio ni debate. En un Estado funcional, ese silencio es una excepción grave; en el caso SeNaSa, se convirtió en la regla operativa.

18- La Superintendencia de Seguros también debió intervenir de manera temprana. SeNaSa es una aseguradora estatal que maneja riesgo financiero, primas, pagos per cápita, coberturas y reservas técnicas. Contratos inflados, déficits recurrentes y pagos sin correlato real debieron activar alertas actuariales y de solvencia. Si una aseguradora privada hubiera presentado esos indicadores, habría sido intervenida. El trato distinto evidencia un doble estándar institucional difícil de justificar.

Esa asimetría regulatoria no sólo distorsiona el mercado asegurador; debilita la credibilidad del propio Estado. Permitir que una aseguradora pública opere con reglas laxas mientras se exige rigor extremo al sector privado envía un mensaje peligroso, la ley es flexible cuando conviene políticamente. En ese terreno desigual, la mala gestión no se corrige ni se sanciona; se reproduce y se normaliza como práctica administrativa.

19- La Dirección de Persecución de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo contaba con elementos suficientes para actuar por tipología, sin necesidad de escándalo mediático. Pagos sistemáticos de sobornos del 30–35%, uso de empresas interconectadas y movimientos financieros repetitivos sin sustento operativo configuran lavado de activos en toda regla. La persecución no debió esperar denuncias públicas; debió activarse por patrón y riesgo acumulado.

El caso SeNaSa demuestra que la corrupción administrativa y el lavado de activos no son fenómenos separados, sino fases de un mismo proceso. Cuando los flujos ilícitos no se interrumpen a tiempo, el daño económico se multiplica y la trazabilidad se diluye. En este contexto, la tardanza institucional no es neutral ni técnica, es funcional al delito, porque permite que el dinero se oculte, se legitime y se reintegre al sistema.

20- La inclusión de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) como institución número veinte eleva el análisis a otro nivel. El colapso de la principal aseguradora pública del país, el manejo irregular de decenas de miles de millones de pesos y la existencia de redes empresariales concentradas constituyen un riesgo estratégico. No se trata solo de administración o legalidad, sino de estabilidad institucional, económica y social.

El DNI no debía auditar contratos ni investigar penalmente, pero sí producir inteligencia estratégica y alertar al Presidente sobre amenazas relevantes para el Estado. Si no vio estas señales, falló por incapacidad técnica. Si las vio y no informó, falló por omisión grave. En ambos escenarios, el Estado quedó sin sus “ojos” en un momento crítico, debilitando la capacidad de reacción preventiva del poder Ejecutivo.

Por eso, SeNaSa no puede tratarse como una excepción peligrosa, sino como un precedente. Instituciones con consejos directivos politizados, alta discrecionalidad contractual, pagos per cápita, tercerizaciones extensivas, supervisión difusa y múltiples reguladores sin coordinación reproducen hoy las mismas condiciones de riesgo. Ignorar esa similitud equivale a aceptar que el problema puede repetirse en otros sectores de la administración pública.

En ese contexto, la creación de una nueva comisión técnica para validar contratos mayores a RD$5.0 millones no corrige el fallo revelado por el caso SeNaSa, lo confirma. El problema nunca fue la falta de instancias de control, sino la inoperancia —o complacencia— de las existentes. Añadir otra capa burocrática no fortalece el sistema; diluye responsabilidades, incrementa la nómina pública y normaliza la idea de que cuando el Estado falla, la solución es crear más estructuras en lugar de exigir cuentas a quienes incumplieron su deber.

Aquí la responsabilidad política es ineludible. Frente a un entramado de tal magnitud, la ausencia de cancelaciones, sanciones administrativas o depuración institucional no puede interpretarse como casual. O se protegió a funcionarios que fallaron, o se confió más en versiones internas que en señales objetivas, o se conocía el problema y se toleró. Cualquiera de esas opciones es grave. No por mala fe necesariamente, sino porque revela un ejercicio del poder donde la reacción sustituye al control y la lealtad personal pesa más que la rendición de cuentas.

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