Acusaciones de narcotráfico sacuden al PRM y generan preocupación ciudadana

Santo Domingo, RD.– Representantes de Participación Ciudadana y el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE) expresaron su inquietud ante las recientes acusaciones contra exfuncionarios ligados al Partido Revolucionario Moderno (PRM) por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Instaron al partido de gobierno a reforzar sus mecanismos internos de control y a garantizar la transparencia para evitar que estas situaciones continúen afectando su imagen y la confianza ciudadana.

“No es la primera vez que el PRM se ve envuelto en temas relacionados con el narcotráfico. Ya son más de cinco ocasiones”, señalaron los representantes, quienes subrayaron que la política se ha vuelto un espacio costoso y vulnerable a estas problemáticas.

Añadieron que es responsabilidad de los partidos políticos realizar un saneamiento efectivo para contar con personas competentes y responsables que representen los valores y principios del país.

Desde el Congreso, legisladores oficialistas manifestaron su respaldo a la decisión del presidente Luis Abinader de colaborar con las agencias internacionales en la investigación del ex asesor de zonas francas del gobierno, Fabio Augusto Jorge Puras, vinculado a estos casos.

“Aquí no hay barca sagrada, cualquier persona que esté involucrada en actividades ilícitas será descubierta y sancionada”, afirmaron.

Aunque reconocieron que ningún partido está exento de problemas, destacaron que el PRM ha actuado en consecuencia frente a cada denuncia o acto irregular que ha surgido. Sin embargo, la oposición no dudó en criticar duramente al partido oficialista.

“Si se diera un premio al partido con mayor cantidad de narcotraficantes, sería para el PRM”, expresó un vocero opositor, quien hizo un llamado a una revisión profunda y urgente del partido desde sus bases.

Según un comunicado de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), tanto Fabio Augusto Jorge Puras como Gaspar Antonio Polanco Virela, exdirector de servicios públicos del Ayuntamiento del Distrito Nacional, están siendo investigados por la DEA por presunto tráfico de drogas en operaciones que abarcan desde 2003 hasta 2019.

Representantes de la sociedad civil consultados coincidieron en que casos como estos, donde se mezclan narcotráfico y política, pueden dañar gravemente la confianza en el sistema de partidos y afectar la calidad democrática del país.

Repercusiones y llamados a la acción

Ante la gravedad de las acusaciones, diversos sectores sociales hicieron un llamado urgente a fortalecer las instituciones encargadas de la lucha contra el narcotráfico, así como a implementar procesos más rigurosos de fiscalización interna en todos los partidos políticos.

Consideran que solo a través de un compromiso real con la transparencia y la ética se podrá recuperar la confianza perdida y evitar que estos escándalos socaven la estabilidad democrática.

Por su parte, analistas políticos advierten que la continuidad de estos casos podría generar un impacto negativo en la percepción internacional sobre la República Dominicana, afectando también la inversión extranjera y las relaciones diplomáticas.

Por ello, insisten en que las investigaciones deben avanzar con celeridad y sin impunidad para demostrar que el país está comprometido con el combate frontal al crimen organizado en todos los niveles.