Sierra de Bahoruco: “El fraude”

Según lo reportado por el medio de circulación nacional, Dantes-Castillo afirmó que sus reclamos se fundamentan en que, a los herederos de José Luperón Flores le pagaron, y a los de Porfirio Dantes Castillo, su padre no, a pesar de un fallo dictado por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en 1967, el cual anuló una sentencia emitida por el Tribunal Superior de Tierras el 22 de junio de 1966.

La sentencia emitida por la SCJ en el 1967, en respuesta a un recurso de casación presentado por el Estado dominicano contra una sentencia del Tribunal Superior de Tierras del 1966, aborda el caso relacionado con la Parcela No. 3866 del Distrito Catastral No. 3 del Municipio de Duvergé, sección Angostura, Provincia Independencia.

La sentencia

Otorga reconocimiento explícito al derecho de propiedad a José Luperón Flores y Porfirio Dantes Castillo, quienes compraron.

Asimismo, resalta que los ancestros de los reclamantes habían mantenido la posesión total de la parcela durante un período de más de 30 años.

El mismo documento detalla que, esa parcela es de una extensión de 3,493 hectáreas, 98 áreas y 75 centiáreas, significativamente menor que el Parque Nacional Sierra de Bahoruco, el cual tiene una extensión de más de 1,000 kilómetros.

El documento legal detalla en su recurso de casación, que el Estado es el propietario de todas las tierras de la República Dominicana y que corresponde a quienes pretenden reclamar tierras probar legítimamente su derecho de propiedad o la anulación del derecho del Estado por prescripción.

En una resolución legal del 8 de octubre de 2014, la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia emitió su dictamen sobre un caso emblemático de disputa por tierras en la República Dominicana. El litigante principal fue el Ingeniero Tomás Rosendo Dantes-Castillo.

El caso remonta a una sentencia anterior del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central del 2009. Aquí se abordaron cuestiones relativas a un proceso de saneamiento de tierras en la provincia de La Altagracia. Dantes-Castillo, impugnó esa sentencia argumentando violaciones constitucionales y legales, así como errores procesales y presentó un recurso de casación.

Otros puntos judiciales

Uno de los puntos centrales del recurso fue la alegación de violación del derecho del recurrente como poseedor. Argumentaba que la retroactividad de la ley afectaba negativamente su posición, ya que sus derechos deberían haber sido protegidos por la legislación vigente.

Sin embargo, se determinó que el recurrente no había demostrado una posesión efectiva y continua antes de los decretos de expropiación de 1975.

La sentencia impugnada originalmente otorgaba derechos de propiedad sobre ciertas parcelas a favor de Dantes-Castillo. Sin embargo, la Tercera Sala, tras un exhaustivo análisis de la documentación presentada, decidió revocar parcialmente esta decisión. Se argumentó que las áreas en disputa están protegidas por la Ley 64-00 y la Ley 202-04.

El caso de Sierra de Bahoruco deja más preguntas que respuestas. Pero según el ambientalista Nelson Bautista, la ausencia de consecuencias convierte el fraude contra el Estado dominicano en un lucrativo negocio.

Caso Bahía de las Águilas

La trama legal de Sierra de Bahoruco, según el Ministerio de Medio Ambiente, guarda similitudes con Bahía de las Águilas.

En el año 2021, tras 24 años de disputa legal, el Estado dominicano logró finalmente asegurar el control absoluto de los títulos de propiedad en Bahía de las Águilas, ubicada en Pedernales. El Tribunal Constitucional (TC) confirmó la titularidad estatal sobre los derechos de propiedad en esta zona, desestimando múltiples recursos de revisión constitucional presentados contra fallos judiciales anteriores.

Este veredicto ratificó la sentencia de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de 2018, que declaró nulos los títulos otorgados en Bahía de las Águilas. Así se dio fin a un proceso judicial iniciado en 1997. El escándalo asociado con este caso se erigió como uno de los mayores en la historia inmobiliaria de la República Dominicana. El Estado proporcionó detalles sobre la trama fraudulenta que implicaba a funcionarios públicos y particulares, todos buscando apropiarse ilegalmente de extensos terrenos en la zona.

La revelación del fraude ocurrió cuando se descubrió que los supuestos campesinos en realidad eran nombres extraídos del padrón electoral de Pedernales y Barahona. Esto llevó al inicio de un proceso penal contra los responsables del fraude.

El origen de los derechos de propiedad del Estado sobre la parcela 215A se remonta a una decisión del Tribunal de Tierras en 1953. Además, de a un certificado de título emitido a favor del Estado. Sin embargo, a partir de 1990, se emitieron oficios fraudulentos con la intención de transferir ilegalmente la propiedad de estos terrenos.

La trama de Bahía de las Águilas

Esta trama involucró funcionarios del Instituto Agrario Dominicano (IAD) y de la Dirección General de Bienes Nacionales, quienes emitieron oficios para respaldar la ilegal transferencia.

Estos documentos, que supuestamente autorizaban la transferencia de propiedad, se basaban en asuntos irrelevantes y fueron utilizados para justificar la apropiación ilegal de terrenos.

Con la complicidad de funcionarios, se llevaron a cabo transferencias ilegalmente de tierra en Bahía de las Águilas, caso que resultó ser una estafa.

La pregunta que surge inevitablemente es: ¿Qué sucederá con la Sierra de Bahoruco?..