
Publicado en Nacionales, hace 1 hora
Santo Domingo.- El Tribunal Superior Administrativo (TSA) aplazó para el próximo 4 de diciembre la audiencia sobre la medida cautelar que debía conocerse ayer, jueves, para que todas las partes examinen las nuevas pruebas incorporadas al expediente No. 2025-0270272.
La solicitud de aplazamiento fue presentada por la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) y no recibió oposición del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant). Sin embargo, la empresa Dekolor SRL, que participa como parte interviniente forzosa, rechazó la posposición.
Entre los intervinientes forzosos citados a solicitud de Adocco se encuentran también la Fundación Justicia y Transparencia, el Movimiento Antigua Orden Dominicana, el Partido Generación de Servidores y la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), entidad que, según el Ministerio Público, no ha comparecido a las dos audiencias celebradas hasta la fecha. Como interviniente voluntaria figura la Fundación Primero Justicia.
Entre las nuevas pruebas depositadas destacan:
Un recurso contencioso administrativo por cobro de deuda presentado por Dekolor contra el Intrant por 708 millones de pesos.
Una querella en Italia interpuesta por Dekolor contra MIDAS Dominicana, el Consorcio Mobility ID y GET Group International.
Un recurso contencioso administrativo contra las resoluciones del proceso de licitación del Intrant identificadas con los números 0001, 0002, 0003 y 0004-2025, sometido también por Dekolor.
Un recurso de revisión constitucional de amparo depositado ante el Tribunal Constitucional por la Organización Internacional de Accidentología Vial, con sede en Madrid, España.
Un recurso de revisión de amparo de cumplimiento presentado por Dekolor ante el Tribunal Constitucional.
El órgano acusador informó mediante una nota de prensa que con el tiempo adicional concedido se espera que todas las partes puedan analizar la documentación incorporada, de manera que el tribunal esté en condiciones de decidir sobre la medida cautelar en la audiencia fijada para el 4 de diciembre ante la Presidencia del TSA.
El conflicto entre el Intrant y Dekolor viene del proceso de licitación para la modernización de la licencia de conducir, adjudicado en 2023 y posteriormente cuestionado por presuntas irregularidades en la contratación.
La controversia escaló cuando Adocco interpuso acciones legales alegando violaciones en el proceso administrativo y posibles hechos de corrupción. A raíz de estas denuncias, el Ministerio Público —a través de la Pepca— abrió una investigación que incluye a la empresa Dekolor, señalada por supuestamente ofrecer sobornos al entonces director del Intrant.
Dekolor ha estado ligada en varios contratos controversiales con el Estado. En el año 2005, Dekolor obtiene su primer contrato con el Estado para emitir nuevas licencias de conducir.
Ese proceso provocó críticas de otras empresas que participaron en la licitación, tanto nacionales como internacionales. Se recuerda que esta decisión hizo que la empresa De La Rue (de Reino Unido) pidiera al embajador de ese entonces, Andy Ashcroft, que elaborara una carta dirigida al gobierno dominicano para que le ofreciera explicaciones al respecto.
De acuerdo con la querella del Intrant, al contrato de 2020 se le hicieron tres adendas, sin que ninguna pasara por la aprobación del Consejo de la institución.
En el 2023, la empresa volvió a las tendencias, cuando la DGCP reveló que era fiadora solidaria de la empresa Transcore Latam, ganadora del anulado contrato de los semáforos inteligentes para el Gran Santo Domingo, cuyo caso de corrupción se debate en los tribunales.