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Publicado en Nacionales, hace 3 horas
Santo Domingo.- La Cámara de Cuentas (CCRD) reveló que el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) incurrió en pagos irregulares de nómina y en contrataciones con empresas propiedad o vinculadas a funcionarios públicos activos, durante el período 2017–2019, en violación a las disposiciones de las leyes de Compras y Contrataciones Públicas y de Función Pública.
El informe de auditoría, que forma parte del dictamen adverso emitido por el órgano fiscalizador, establece que estas irregularidades afectaron la transparencia en el uso de los recursos públicos y comprometen la responsabilidad administrativa y civil de los servidores que las autorizaron o supervisaron.
Según el documento, más de RD$10 millones fueron pagados a empleados que figuraban simultáneamente en nóminas de otras instituciones del Estado, lo que constituye una violación directa al artículo 80 de la Ley 41-08 de Función Pública, que prohíbe a los servidores públicos recibir doble remuneración por funciones similares o simultáneas, salvo las excepciones previstas por ley.
La auditoría indica textualmente que “se comprobó la existencia de servidores que recibían sueldos de manera paralela en entidades del Estado, sin que existiera evidencia de desvinculación o autorización formal”.
Los auditores solicitaron información y certificaciones a las instituciones involucradas, constatando que varios empleados del SeNaSa recibieron pagos simultáneos sin cumplir con los requisitos de compatibilidad de funciones ni contar con autorización del Ministerio de Administración Pública (MAP).
El informe concluye que los registros de nómina del SeNaSa no fueron depurados ni conciliados adecuadamente, lo que impidió detectar las duplicidades y otros pagos indebidos. Estas deficiencias, señala la Cámara, “reflejan debilidades en los mecanismos de control interno y en la transparencia de los procesos administrativos”.
El mismo informe de la Cámara de Cuentas documenta contrataciones realizadas por el SeNaSa con empresas vinculadas a funcionarios públicos en ejercicio, por un monto que supera los RD$3.5 millones.
Entre los casos más relevantes, la auditoría identifica a tres funcionarios activos al momento de las contrataciones: el entonces ministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo Terrero, el viceministro de Relaciones Exteriores Carlos Gabriel García y el diputado José Felipe (José) Laluz Núñez.
El órgano fiscalizador verificó que el SeNaSa suscribió dos contratos de servicios de aeroambulancia con la empresa Helicópteros Dominicanos, S. A., RNC 101-59785-2, por un monto total de RD$3,041,816, pese a que la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) la había inhabilitado desde 2014 por estar vinculada societariamente a un funcionario del Estado.
El documento señala que la empresa pertenece a Gonzalo Castillo Terrero, quien figura como representante y accionista, junto a George Manuel Hazoury Peña y Dynamic Air, LTD.
Los contratos fueron firmados en 2017 y 2019, y el SeNaSa no verificó en el Registro de Proveedores del Estado (RPE) la condición legal del oferente antes de adjudicar los servicios.
La Cámara también identificó un contrato por RD$135,600 adjudicado a la empresa R. P. Fernández Núñez Inmobiliaria, RNC 131-12009-1, representada por Rita Soraya Fernández Núñez, vinculada al entonces viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Gabriel García, quien había ingresado al cargo el 6 de septiembre de 2016.
El contrato, suscrito el 1 de marzo de 2019, fue por concepto de promoción televisiva en el programa “Clarísimo”.
El informe puntualiza que al momento de la contratación, el funcionario se encontraba en pleno ejercicio de sus funciones, lo que colocó a la operación dentro de las prohibiciones del artículo 14 de la Ley 340-06.
El tercer caso se refiere a la empresa JL Consultores SRL, RNC 130-40146-2, representada por Máxima Altagracia Taveras Núñez, vinculada al entonces diputado José Felipe (José) Laluz Núñez, quien también estaba en ejercicio de sus funciones legislativas al momento de la contratación.
El contrato fue firmado el 2 de mayo de 2017 por un monto de RD$420,000 (RD$70,000 por seis meses) por concepto de publicidad en el programa televisivo “Tele Noche con José Laluz.”
La Ley 340-06, modificada por la Ley 449-06, establece en su artículo 14 que “no podrán ser oferentes ni contratar con el Estado las personas físicas o jurídicas en las que funcionarios o servidores públicos tengan participación accionaria, control administrativo o interés directo.”
El informe legal anexo de la Cámara de Cuentas advierte que estas contrataciones constituyen irregularidades graves y discrecionalidades frente a la ley, que se traducen en “debilidades e inobservancias por parte de los servidores públicos responsables de garantizar el cumplimiento normativo.”
Asimismo, el órgano auditor sostuvo que los funcionarios del SeNaSa que aprobaron o facilitaron estos contratos “comprometen su responsabilidad administrativa y civil por acción u omisión”, conforme a los artículos 47, 48 y 54 de la Ley 10-04, y que los hechos “presentan indicios de responsabilidad establecidos en el artículo 49 de la misma ley y en los artículos 123, 124 y 174 del Decreto-Ley 2274 de 1884”, lo que podría derivar en procesos administrativos o penales.
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