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La demanda colectiva acusa a funcionarios como Kristi Noem, titular del Departamento de Seguridad Nacional, de negar a los detenidos su derecho a consultar con abogados, creando así una situación de opacidad en la que los arrestados “desaparecen”.
La denuncia sostiene que, durante la operación Midway Blitz, iniciada en septiembre, las consecuencias de las redadas reforzadas y de las órdenes de detención obligatoria en un edificio destinado únicamente a ser un lugar de tránsito han sido “nefastas y totalmente previsibles”.
El centro, donde se procesaba a los indocumentados antes de ser trasladados a los aeropuertos de la zona para su deportación, no está acondicionado para que los detenidos permanezcan allí por períodos prolongados.
Las personas están confinadas en celdas de detención con decenas de otras y se les niegan necesidades básicas como suficiente comida, agua o productos de higiene.
El centro cuenta con cuatro pequeñas celdas de detención. Las dos más grandes miden aproximadamente nueve metros por nueve metros. En ocasiones, no hay suficiente espacio para que los detenidos se acuesten en el suelo, ya que decenas, e incluso más de cien personas, permanecen hacinadas durante días, según la demanda.
Los detenidos carecen de atención médica, no reciben comidas calientes y no hay personal contratado para preparar alimentos en el centro, de acuerdo con la denuncia. Reciben dos o tres emparedados fríos al día.
Además, son obligados a dormir en sillas de plástico o en el suelo de cemento. Las luces suelen permanecer encendidas toda la noche, lo que provoca privación del sueño. La temperatura oscila entre un calor sofocante durante el día y un frío glacial por la noche, según se alega en la demanda.
“Toda persona, independientemente de su estatus legal, tiene derecho a acceder a un abogado y a no ser sometida a condiciones horribles e inhumanas”, declaró en un comunicado Alexa Van Brunt, abogada principal de la demanda y directora de la oficina del Centro de Justicia MacArthur en Illinois.
La denuncia afirma que los oficiales a cargo del centro coaccionan a las personas para que firmen documentos que implican la renuncia a sus derechos, mientras las autoridades intentan deportarlas sin presentarlas ante un juez de inmigración.
“Los acusados están trasladando a las personas a centros de detención lejanos o enviándolas directamente fuera del país antes de que sus abogados puedan localizarlas e intervenir”, se afirma en el documento.
Los demandantes también subrayan que se ha negado el acceso a Broadview a miembros del Congreso, líderes religiosos y otras personas.
“Al impedir el acceso a los detenidos dentro de Broadview, los acusados han creado una caja negra donde hacen desaparecer personas de los sistemas de justicia e inmigración de Estados Unidos”, se alega.
Entre los demandados también figuran Todd Lyons, director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE); Gregory Bovino, jefe del sector El Centro de la Patrulla Fronteriza, y Samuel Olson, director interino de la oficina del ICE en Chicago.
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