El fiscal general de España renuncia tras fallo del Supremo

 España.-    El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, presentó este lunes su renuncia al cargo mediante una carta enviada al Ministerio de Justicia, después de que el Tribunal Supremo lo condenara la semana pasada por un delito de revelación de datos reservados relacionado con la filtración del correo del abogado de Alberto González Amador.

En la carta, García Ortiz explica que la sentencia del Supremo le impone la pena de inhabilitación especial para ejercer como fiscal general, al considerar delictivos —“a falta de mayor concreción”— los hechos analizados durante el juicio.

“El profundo respeto a las resoluciones judiciales y la voluntad de proteger a la Fiscalía española determinan mi decisión de presentar mi renuncia sin esperar a conocer la motivación completa de la sentencia”, afirma. “Es un acto debido, no solo al Ministerio Fiscal, sino a toda la ciudadanía española”.

El ahora exfiscal general asegura que, pese al fallo judicial, mantiene la convicción de haber servido “con vocación de servicio público, sentido del deber y lealtad institucional” durante su gestión.

También agradece al Gobierno de España la confianza depositada en su nombramiento, que se formalizó el 19 de julio de 2022, y señala que, tras conocerse el fallo, considera que es “el momento de abandonar el desempeño de tan alta responsabilidad”.

Sucesión en la Fiscalía General del Estado

El relevo de García Ortiz aún no está cerrado, aunque el Gobierno ya había adelantado la semana pasada que el proceso para elegir a su sustituto estaba en marcha.

Por ahora, la máxima responsabilidad dentro de la institución recae en la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, número dos de García Ortiz. Sin embargo, la renuncia no será efectiva hasta que sea aceptada por el Consejo de Ministros, previsiblemente este martes, y posteriormente publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Cómo se elige al nuevo fiscal general del Estado

El proceso para nombrar al próximo fiscal general comienza con la propuesta formal del Gobierno, que debe seleccionar a un jurista de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio. Por lo general, el nombre surge tras una negociación entre el Ministerio de Justicia y la Presidencia del Gobierno, aunque en esta ocasión el Ejecutivo ha insistido en que actuará “con celeridad y con escrupuloso respeto a los procedimientos”.

Una vez elegido el candidato, la propuesta se envía al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que debe emitir un informe sobre su idoneidad. Este dictamen es preceptivo pero no vinculante, por lo que el Gobierno puede continuar con el trámite incluso si el órgano de los jueces expresa objeciones, como ha sucedido en otras ocasiones.

Posteriormente, el aspirante comparece ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, donde expone sus líneas de trabajo y responde a preguntas de los grupos parlamentarios. No es un proceso de votación, pero sí una sesión pública que suele marcar el debate político y jurídico previo al nombramiento.

Concluido ese paso, el Gobierno eleva al Rey la propuesta de designación. El nombramiento se formaliza mediante real decreto y se publica en el BOE, momento en el que el nuevo fiscal general toma posesión y asume el mando de la carrera fiscal.