El país exige castigo ejemplar en el caso SENASA

La reciente revelación de supuestas irregularidades en la Administradora de Riesgos de Salud (ARS) estatal, SENASA, ha sacudido la confianza ciudadana y puesto a prueba la fortaleza del sistema de justicia dominicano. El país, que históricamente ha luchado contra la corrupción administrativa, observa con una mezcla de indignación y esperanza el desarrollo de este caso.

La Confianza en Juego

SENASA, la ARS con mayor cantidad de afiliados y la responsable de gestionar la salud de millones de dominicanos, es una institución vital. Las alegaciones de desfalco o manejo inadecuado de fondos en una entidad que maneja recursos destinados a la salud pública son particularmente sensibles. Cada peso malversado es un medicamento que no se compró, una cama de hospital que no se habilitó, o un tratamiento negado a un ciudadano.

Por ello, la sociedad dominicana tiene una expectativa clara e ineludible: que la investigación iniciada llegue hasta las últimas consecuencias. No se trata solo de recuperar los fondos, sino de sentar un precedente de que el dinero del Estado —y por ende, del pueblo— no puede ser botín de nadie.

El Deber del Ministerio Público

El Ministerio Público tiene ante sí una oportunidad histórica de demostrar que la promesa de independencia y la lucha contra la impunidad son hechos, no solo discursos. La celeridad, transparencia y, sobre todo, la solidez probatoria del expediente serán cruciales. No basta con señalar; es imperativo documentar y presentar pruebas irrefutables que permitan a los tribunales actuar con la contundencia que la ley faculta.

El castigo para los responsables, independientemente de su posición o afiliación, debe ser ejemplar. La impunidad es el caldo de cultivo de la corrupción. Solo una respuesta judicial firme y sin fisuras podrá restablecer la credibilidad en las instituciones y enviar un mensaje claro a futuros funcionarios: quien traiciona la confianza pública será castigado.

El país no solo espera; el país exige justicia en el caso SENASA.