El pueblo necesita ver dinero devuelto y sentencias

Si usted todavía duda, no le pido que me crea. Le pido algo más simple y más honesto: pida tres números.

1. ¿Cuántos “intocables” han terminado condenados?

2. ¿Cuánto dinero volvió —real y verificablemente— al erario?

3. ¿Qué contratos lesivos fueron anulados y qué concesiones fueron revertidas?

Porque en una democracia funcional, la lucha anticorrupción no se mide por discursos. Se mide por consecuencias.

En 2021 se anunció una “Unidad Antifraude”. En diciembre de 2023 se relanzó. Y este año el decreto 382-25 la formaliza. En La Semanal se repiten cifras: colaboraciones, expedientes, alertas, procesos detenidos y “miles de millones” reportados como “protegidos”.

Prevenir e investigar es necesario. Nadie serio se opone a que el Estado tenga controles. El problema empieza cuando se pretende que la existencia del instrumento sea equivalente a la justicia producida por ese instrumento.

Actividad no es justicia. El país está atrapado en esa confusión.

Puede haber movimiento: monitoreos, reportes, remisiones. Pero la ciudadanía no vive de movimiento. Vive de resultados finales:

• Un informe no es una condena.

• Un expediente no es reparación.

• Una alerta no es devolución de lo robado.

• Un titular no es justicia.

Si el Gobierno quiere convencer al que duda, no tiene que hablar más fuerte. Tiene que mostrar el cierre: condenas, recuperación y corrección estructural.

Cuando la corrupción toca la salud, deja de ser “administrativa”: se vuelve humana.

En el caso SeNaSa (Operación Cobra), el Ministerio Público investiga un presunto desfalco de miles de millones en una institución creada para sostener un derecho fundamental.   Pero, si usted aún duda, no piense en “miles de millones” como cifra. Piense en esto:

A las 6:12 a. m., en una sala de espera, una madre aprieta una carpeta con papeles arrugados: receta, informe, sello, copia de cédula. No llora; cuenta minutos. El médico ya lo dijo: “esto no puede esperar”.

En la ventanilla: “hay que subirlo al sistema”. En el call center: “espere en línea”. En la farmacia: “todavía no aparece… sin autorización no puedo despacharlo”.

La madre vuelve al hospital. Vuelve al teléfono. Vuelve a la oficina. Y cada día que vuelve, la palabra “urgente” se hace más pequeña.

En el documento dice: “Autorización pendiente”.

Pero en la vida real, lo pendiente no es un papel: es el tiempo.

Ahí la indignación deja de ser política y se vuelve moral: mientras una madre persigue una firma para sostener una vida, el país se entera —según investiga el Ministerio Público— de que la institución llamada a protegerla pudo haber sido saqueada desde adentro. Y, cuando eso ocurre, los números dejan de ser el centro: lo central es el daño tangible, físico y emocional, sobre gente real.

Y el contraste ya no es una metáfora. Domingo en la noche en el momento que se conocía la coerción, decenas de ciudadanos se concentraron fuera del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva con pancartas y consignas, exigiendo prisión preventiva; la Policía los contuvo con vallas y un cordón de seguridad.

Horas después, el juez impuso prisión preventiva de 18 meses en Najayo a varios imputados, incluyendo a Santiago Hazim y otros acusados, y dictó arresto domiciliario y restricciones para tres imputados.   Es un paso procesal. No es cierre. Y si la defensa apela, el reloj corre a favor de la dilación. Una medida de coerción no es sentencia, no devuelve dinero, no repara vidas.

La gran trampa es confundir movimiento con justicia. En una emergencia, nadie se tranquiliza porque le digan “ya abrimos un expediente”. Nadie recupera a un ser querido con una rueda de prensa.

Porque eso es lo que se repite, gobierno tras gobierno: se roba —se anuncia que se investiga— se administra el escándalo— y al final, todo sigue. La unidad, la comisión, el decreto: papelería. Impunidad con membrete.

El núcleo del problema es estructural. Cuando una unidad depende del poder político, aparece un freno natural justo cuando el expediente toca donde “no conviene”. Si el costo de llegar al final es demasiado alto, el proceso se queda en la mitad. Y un proceso a medias es, para el pueblo, impunidad con papelería.

Y aquí hay que decirlo sin rodeos: esto no es “un partido contra otro”. Es una partidocracia que ha convertido el Estado en botín y la justicia en trámite. Los colores cambian, pero el pacto de protección se mantiene. Por eso, el problema no se resuelve con marketing de transparencia. Se resuelve rompiendo la inmunidad del sistema, gobierne quien gobierne.

Camino simple

Si de verdad se quiere convertir “actividad” en confianza, hay un camino simple y auditable. Tres pruebas de sinceridad:

1. Tablero público trimestral de consecuencias. Un portal único, sin retórica: acusaciones, sentencias, decomisos, recuperaciones efectivas y contratos anulados. Montos en tres columnas: “estimado”, “asegurado”, “recuperado”.

2. Trazabilidad con plazos. Remisión → apertura → coerción → acusación → juicio → sentencia → recuperación. La impunidad se alimenta de la niebla; la justicia exige cronograma.

3. Blindaje institucional real. Estabilidad técnica, protección a denunciantes y obligación de publicar resultados finales.

El pueblo dominicano no necesita más anuncios como sustituto de justicia. Necesita ver dinero devuelto. Necesita ver contratos anulados. Necesita ver sentencias.

El día que un país entiende que le han pedido paciencia demasiadas veces, deja de aplaudir anuncios y empieza a exigir consecuencias.

Ese día, el país no grita más: audita.

Despierta RD!