En el banquillo: once policías imputados por la balacera de La Barranquita

A casi un mes del sangriento tiroteo ocurrido el pasado 10 de septiembre en la plaza Corona Plaza, en el sector La Barranquita de Santiago, once miembros de la Policía Nacional enfrentan cargos por homicidio voluntario y asociación de malhechores.

Se trata de un caso que ha sacudido a la opinión pública por sus contradicciones, videos comprometedores y testimonios que apuntan a una presunta ejecución extrajudicial.

Los imputados fueron trasladados al Palacio de Justicia de Santiago, fuertemente custodiados, para una audiencia donde el Ministerio Público busca imponer 18 meses de prisión preventiva y declarar el caso como complejo.

¿Qué ocurrió la tarde del 10 de septiembre?

Según la versión del Ministerio Público, el mayor Álvaro Paredes Paniagua, junto a otros cinco oficiales adscritos al Departamento de Investigación de Crimen Organizado y Casos Complejos de la Policía Nacional, viajaron desde Santo Domingo hasta Santiago para realizar un supuesto operativo relacionado con tráfico de armas.

Una vez en Santiago, se reunieron con otros cinco agentes del DICRIM, incluyendo al mayor Hansel Michel Cuevas Carrasco, sumando un total de once uniformados implicados.

El expediente detalla que, tras coordinarse, se trasladaron hacia la Avenida Olímpica, en el sector La Barranquita, distribuidos en tres vehículos: una Toyota Hilux blanca, un Kia Río y un Toyota Yaris. Cámaras de seguridad del 911 los captaron en movimiento a las 2:15 p.m.. Siete minutos después, comenzaron a llegar las víctimas.

Videos que contradicen la versión oficial

Santiago.– Un video obtenido en exclusiva por El Informe muestra a las víctimas llegando al parqueo de la plaza, descendiendo de sus vehículos, conversando durante varios minutos y luego ingresando al estacionamiento. Nada parecía indicar un operativo en marcha.

Poco después, se observa la llegada de los vehículos utilizados por los agentes imputados. Según la acusación, sin mediar palabras, los policías salieron de sus vehículos y abrieron fuego contra el grupo.

“Las pruebas recabadas por el Ministerio hasta ahora indican que la muerte de estas personas se trató de una ejecución extrajudicial”.
Wilson Camacho

Afirmó Wilson Camacho, titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público.

Las víctimas —Carlos Enrique Guzmán Navarro, José Vladimir Valerio Estévez, Edward Bernardo Peña Rodríguez, Julio Alberto Gómez y Elvis Antonio Jiménez Rodríguez— murieron en el acto, la mayoría con múltiples impactos de bala.

Uno de los videos muestra a un hombre con camiseta blanca y letras azules que había estado conversando con las víctimas. Después del tiroteo, regresa a la escena, cierra la puerta del carro que había quedado abierta, se sube como conductor y mueve el vehículo hasta que desaparece del cuadro.

Testigos intimidados y evidencia alterada

Una testigo relató que escuchó los disparos y, al salir al pasillo del tercer nivel de la plaza, vio a los policías junto a los cadáveres. Intentó grabar la escena con su celular, pero varios agentes subieron hasta donde ella estaba, le quitaron el teléfono, revisaron lo grabado y se lo llevaron.

“Los imputados sustrajeron los videos, teléfonos de la escena y con el fin de obstruir la investigación y de ocultar la verdad”.
Denunció Camacho.

El DVR del sistema de cámaras de seguridad del establecimiento fue retirado por un agente sin dejar constancia oficial.
Según testimonios recabados por la Fiscalía, los policías presionaron insistentemente al dueño de uno de los locales comerciales para que se presentara rápidamente, monitoreando su ubicación en todo momento.

Una vez allí, le permitieron el acceso, entrando al mismo tiempo entre seis y ocho agentes, quienes le mostraron fotografías de las víctimas con fichas policiales y aseguraron que habían frustrado un atraco en proceso.

Mientras tanto, otro agente se encontraba retirando el DVR del sistema de seguridad.

¿Legítima defensa o ejecución?

El acta de inspección policial sostiene que los agentes actuaron en legítima defensa, alegando que las víctimas abrieron fuego durante un supuesto operativo para frustrar una negociación de armas de fuego de alto calibre.

Aseguran que dos de los fallecidos portaban armas: un revólver Taurus calibre .38 y una pistola Browning 9mm.

Sin embargo, una fotografía tomada desde arriba justo después del tiroteo muestra el cuerpo de José Vladimir Valerio Estévez sin armas a su alrededor, en contradicción con la imagen oficial del expediente donde aparece una pistola junto a su cadáver.

“Es un expediente jurídicamente muy grave… tiene asociación de malhechores, homicidio y asesinato”.
Afirmó el abogado Esteban Pérez.

Por su parte, la defensa de uno de los policías, Ambiorix Arnaud, desestima la acusación:

“El Ministerio Público no ha podido individualizar ni formular una acusación precisa. Pretenden decir que cuando la autoridad actúa, se convierte en asociación de malhechores”.
Lo que revelan los disparos

Los análisis forenses indican que:

José Vladimir Valerio Estévez recibió ocho disparos.
Edward Bernardo Peña Rodríguez y Elvis Antonio Jiménez Rodríguez, cuatro impactos cada uno.
Carlos Enrique Guzmán Navarro y Julio Alberto Gómez, tres impactos cada uno.
En los videos también se observa a una Mazda blanca sin placa saliendo de la escena con calma tras el tiroteo, sin que nadie la persiga, lo que pone en duda la versión de que hubo un enfrentamiento armado y persecución.

¿Cuáles son los próximos pasos?
La audiencia fue aplazada para este jueves 9 de octubre. Mientras tanto, los familiares de las víctimas exigen respuestas claras, y el Ministerio Público asegura que no permitirá impunidad.