Exfiscal Germán Díaz Bonilla denuncia «maniobra legislativa» en Código Procesal Penal

Valverde.-    El exfiscal de la provincia Valverde y exprocurador de la Corte de Apelación de Santiago, Germán Díaz Bonilla, denunció este miércoles una «grave maniobra legislativa» que, a su juicio, perjudica los mecanismos de control judicial al incorporar un nuevo párrafo al artículo 232 de la Ley 97-25, o Código Procesal Penal.

Según el jurista, la modificación, que establece que «en los casos de acción pública, la medida de coerción sòlo procede a solicitud del Ministerio Público», compromete la independencia del proceso penal y abre la puerta a la impunidad, pudiendo favorecer a funcionarios del gobierno actual en eventuales procesos judiciales, afectando la transparencia y el equilibrio del sistema penal dominicano.

Díaz Bonilla afirmó que esta disposición limita la autonomía de los jueces para actuar frente a situaciones que ameriten medidas de coerción, especialmente en casos donde el Ministerio Público pudiera no tener interés en perseguir ciertos hechos.

El nuevo párrafo al que se refiere establece que: “En los casos de acción pública, la medida de coerción sòlo procede a solicitud del Ministerio Público”.

El exfiscal destacó que este cambio vulnera principios esenciales de la Constitución y contraviene las sentencias del Tribunal Constitucional TC/0259/14 y TC/0362/19, que reconocen la facultad de los jueces para imponer medidas de coerción sin necesidad de una solicitud previa del Ministerio Público.

Díaz Bonilla señaló que imponer esta restricción va en contra de esas decisiones vinculantes y representa un retroceso significativo para la administración de justicia, reiterando que la norma contradice el espíritu constitucional y afecta la división de poderes al otorgar un poder excesivo al órgano persecutor.

En su declaración, Díaz Bonilla expresó preocupación porque, en su opinión, esta modificación responde a «una maniobra hacia el futuro de impunidad para ilícitos cometidos en el presente, por funcionarios del gobierno», y advirtió que, de no corregirse a tiempo, el país podría enfrentar un debilitamiento de los controles democráticos y un deterioro de la confianza ciudadana en las instituciones.

Su denuncia, difundida a través de redes sociales, ha generado un amplio debate en sectores jurídicos y sociales que exigen un análisis más profundo sobre las implicaciones de esta reforma.