Familiares del peluquero ultimado por policías en La Barranquita realizan vigilia exigiendo justicia

Santiago, RD-Familiares del peluquero José Vladimir Valerio Estévez, una de las cinco víctimas del caso La Barranquita, realizaron la mañana de este domingo una vigilia en el Monumento a los Héroes de la Restauración de Santiago, exigiendo justicia y la revisión de la medida de coerción dictada contra los 11 policías imputados en el hecho ocurrido el pasado 7 de octubre.

A la manifestación se unieron familiares de otras víctimas de supuestos abusos policiales procedentes de Santo Domingo, quienes levantaron pancartas con mensajes de dolor y reclamo de justicia frente al monumento.

Rechazan decisión judicial

El abogado y pariente del fallecido, Rafael Valerio, expresó su desacuerdo con la decisión de la jueza de imponer prisión preventiva solo a cuatro de los 11 agentes, y medidas menos severas a los demás.

“Somos respetuosos de la decisión que se tomó, más no la compartimos. Aquí cualquiera se roba una gallina y le meten tres meses de coerción. Como hemos visto, hay pruebas más que suficientes para que todos estén implicados en el hecho”, manifestó Valerio.

Durante su intervención, el abogado denunció lo que calificó como una “dictadura policial” dentro de la Dirección Central de Investigación (Dicrim).

“Esto lo hacen porque tienen demasiado poder. Exigimos a todo dominicano que defienda la justicia, porque si hoy no lo hacemos como hombres, mañana vamos a llorar como niños. Esto fue una ejecución, los videos están ahí”, agregó el pariente del occiso.

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La madre de Vladimir, Elena Estévez, acompañada de su hija Gabriel Espinal, pidió entre lágrimas que se limpie el nombre de su hijo, asegurando que era un joven trabajador y de fe.

“Solo pido que me muestren el nombre de mi hijo limpio, completamente limpio. Mi niño era trabajador, estudioso, religioso. ¿Qué delincuente anda con un rosario? Eso es lo que pido a la justicia y a papá Dios”, expresó la madre visiblemente afectada.

Espinal, hermana del peluquero, consideró que la decisión judicial fue “injusta y preferencial”. Consideró que, al haberse declarado el caso complejo, la coerción debió ser de entre un año y 18 meses para todos los imputados.

“No estamos conformes con la decisión. Si es un caso complejo, por ley la coerción debe ser de hasta 18 meses, no tres. Hubo preferencia. Fueron cinco personas asesinadas y se ve demasiada delicadeza con algunos policías”, denunció la joven.

Apoyo desde Santo Domingo

Durante la vigilia también hablaron madres que viajaron desde Santo Domingo para solidarizarse con la familia Valerio.

Entre ellas, Joselín Alcántara, madre de Steven de Jesús Zapata, ultimado en Sabana Perdida, quien denunció la falta de respuesta judicial a su caso.

“Venimos en apoyo a la familia Valerio. No hemos recibido el respaldo del Ministerio Público ni de Wilson Camacho. Solo nos dan palabras falsas. Hace nueve meses pedimos ayuda y nada ha pasado”, expresó Alcántara.

Asimismo, Angelina Sánchez Reinoso, del grupo Madres de Fe en Busca de Justicia, narró el caso de su hija Yoanca Natalí Montero Sánchez, asesinada en 2024 en Los Mina, pidiendo que los expedientes sean reabiertos y que no se continúe “pasando paños tibios” ante los crímenes.

Antecedentes del caso La Barranquita
El pasado 14 de octubre, una jueza de la Oficina Judicial de Atención Permanente de Santiago impuso tres meses de prisión preventiva a cuatro agentes policiales y garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida a los otros siete, por la muerte de cinco jóvenes el 7 de octubre en el sector La Barranquita.

Las víctimas son: José Vladimir Valerio Estévez, Elvis Antonio Martínez Rodríguez, Julio Alberto Gómez, Carlos Enrique Guzmán Navarro y Edward Bernardo Peña Rodríguez, quienes, según el Ministerio Público, fueron ejecutados extrajudicialmente durante un operativo policial.

Los agentes enviados a prisión preventiva son el raso José Octavio Jiménez Peña, el sargento mayor Sócrates Fidel Féliz Féliz, el sargento Hairo Mateo Morillo y el cabo Yohandy Encarnación, mientras que otros siete recibieron medidas menos severas.

Familias piden revisión del caso y justicia verdadera
Los familiares de las víctimas insistieron en que las evidencias presentadas por el Ministerio Público demuestran que se trató de una ejecución, y que no se conformarán hasta lograr una sentencia ejemplar.

“Esto tiene que pararse. La complicidad ha permitido que estos abusos continúen. No pedimos venganza, pedimos justicia”, concluyó Rafael Valerio.