Finjus alerta que unir Minerd y Mescyt exige diálogo y consenso nacional

Santo Domingo.- La transformación del sistema educativo nacional exige condiciones de madurez institucional, estabilidad política y confianza social, así como un clima propicio para el diálogo informado. En las circunstancias actuales, una fusión ministerial de esta naturaleza podría generar incertidumbre, inestabilidad jurídica y afectar la continuidad de políticas públicas fundamentales para el desarrollo educativo y científico del país.

Una reforma de este alcance requiere la existencia de un amplio consenso nacional, sustentado en evidencia empírica, análisis técnicos rigurosos y en la evaluación de modelos comparados. Hasta el momento, no se ha promovido un proceso participativo que integre de manera efectiva a la comunidad educativa, académica, científica, a las instituciones de educación superior y a la sociedad civil organizada. La ausencia de este consenso convierte la propuesta en prematura y carente de un análisis más profundo.

Modificar el régimen institucional que regula la educación dominicana es un ejercicio particularmente delicado, en tanto implica la regulación y garantía de un derecho fundamental, como lo es el derecho a la educación. El artículo 4 de la Ley 66-97, Ley General de Educación, establece que la educación es un derecho permanente e irrenunciable del ser humano, orientado al desarrollo integral de la persona y al interés nacional, sin discriminación alguna. Cualquier modificación a la estructura que sostiene este derecho debe realizarse con la máxima prudencia, responsabilidad y rigor técnico, a fin de evitar retrocesos en términos de equidad, calidad y pertinencia del sistema educativo.

Riesgos financieros

En el ámbito del financiamiento y la gobernanza, la fusión propuesta plantea riesgos significativos. La concentración de funciones con naturalezas, objetivos y dinámicas distintas debilitaría la gobernanza del sistema educativo y podría comprometer la claridad en la asignación de responsabilidades institucionales. De manera particular, generaría un debate sobre el 4% del Producto Interno Bruto destinado a la educación preuniversitaria, afectando la sostenibilidad financiera de ese nivel educativo y generando incertidumbre sobre la asignación de recursos a la educación superior, la ciencia y la tecnología, que requieren esquemas de financiamiento diferenciados y especializados.

El marco jurídico vigente reconoce y respalda la especialización institucional del sistema educativo nacional. La Ley 139-01 de Educación Superior, Ciencia y Tecnología tiene como propósito fundamental la creación del Sistema Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el establecimiento de la normativa para su funcionamiento y la definición de los mecanismos que aseguren la calidad y pertinencia de los servicios que prestan las instituciones que lo conforman, así como el desarrollo científico y tecnológico nacional. La coexistencia de esta ley con la Ley 66-97 no responde a una fragmentación del sistema, sino a una lógica de diferenciación funcional y especialización, necesaria para atender de manera adecuada los distintos niveles y componentes del quehacer educativo y científico.

La fusión del MESCyT con el MINERD abre el debate sobre la necesidad de que dicha iniciativa sea conocida y aprobada mediante una ley orgánica, en razón de que implicaría una reorganización profunda de la estructura del Estado y la modificación de competencias esenciales atribuidas por ley a ambos ministerios. Esta reforma versaría directamente sobre el derecho fundamental a la educación y su tratamiento integral, conforme a lo establecido en la Ley núm. 66-97, General de Educación.

Impacto en la educación preuniversitaria

La unificación institucional tendría un impacto directo en ámbitos como la educación preuniversitaria y superior, la investigación científica y la formación profesional, así como en la formulación de políticas públicas estratégicas. En consecuencia, exigiría un procedimiento legislativo más riguroso y la aprobación por mayoría calificada, a fin de garantizar legitimidad, estabilidad institucional y coherencia con el ordenamiento jurídico nacional.

En ese sentido, esta Fundación observa que cualquier reforma del sector debe concebirse como una reconfiguración integral del Sistema Nacional de Educación, Ciencia y Tecnología, orientada al desarrollo basado en el conocimiento, la innovación y la transformación tecnológica. Desde esta perspectiva, se propone avanzar, de manera gradual, planificada y participativa, hacia una Ley General de Educación y Ciencia, que articule de forma coherente todos los niveles educativos con la producción científica, la innovación tecnológica y las demandas estratégicas del desarrollo nacional, sin menoscabar la autonomía, la gobernanza ni el financiamiento específico de cada subsistema.

Por todo lo anterior, se exhorta a las autoridades nacionales a priorizar el fortalecimiento institucional, el diálogo amplio y basado en evidencia, y el respeto al marco legal vigente, como condiciones indispensables para cualquier reforma estructural que impacte el derecho fundamental a la educación y el desarrollo científico y tecnológico de la nación.