Finjus dice desconoce las modificaciones que aprobaron los senadores al Código Procesal Penal

Santo Domingo.- El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucional y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, instó este miércoles a la Cámara de Diputados a corregir “cualquier error” del proyecto de reforma al Código Procesal Penal (CPP) aprobado en segunda lectura en el Senado, mientras legisladores consultados garantizaron su aprobación antes del 11 de diciembre, plazo límite fijado tras la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 10-15.

Castaños Guzmán advirtió que persisten dudas sobre el contenido exacto de lo votado en el Senado. Asimismo, confió en que la revisión en la cámara baja subsane posibles omisiones o inconsistencias.

“Se desconoce qué fue lo que realmente se aprobó. Gracias a que tenemos un Congreso bicameral, cualquier error que pudo haberse ido en la lectura en esta segunda ocasión, aspiramos a que sea corregido en la Cámara de Diputados”, manifestó.

Agregó que el proyecto “en principio se consensuó con los actores del sistema: Defensa Pública, el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía, pero la academia no fue consultada en esa ocasión”.

Desde el Congreso, diputados oficialistas y de oposición señalaron que existe voluntad para concluir el proceso dentro del plazo.

El diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Tobías Crespo, calificó la aprobación como una prioridad institucional.

“Es una urgencia que nosotros aprobemos el Código Procesal Penal, porque ya el tribunal declaró la Ley 10-15 inconstitucional y nos dio un mandato”, expresó.

El calendario legislativo presiona los tiempos de la discusión. De no aprobarse las modificaciones antes del 11 de diciembre, el país tendría que operar con el código procesal del año 2002. Esto, según juristas consultados en procesos previos, implicaría retrocesos en materia de plazos, medidas de coerción y reglas de investigación penal.

Aunque el Senado ya conoció la pieza en segunda lectura, sectores de la sociedad civil insisten en que el texto definitivo se divulgue y contraste con el borrador consensuado con los operadores del sistema.