El letrado advirtió que teme que influencias políticas puedan intentar favorecer a algunos de los señalados. “Lo que esperamos es que la influencia política (…) no se imponga y no se desvíe de la solicitud del Ministerio Público consistente en prisión preventiva”.
Asimismo, calificó el caso como un hecho “de lesa humanidad” por el impacto que, según su valoración, habría tenido la supuesta estructura delictiva. “Personas murieron por no recibir los tratamientos, y sería una injusticia colosal que se mande a sus casas a quienes admiten haber recibido miles de millones en operaciones indebidas”, manifestó.
Recordó que, aunque los imputados se declaren culpables, eso no garantiza una condena automática: “No tienen posibilidad de ser condenados si los dejan en libertad”.
ACERCA DEL CASO:
Los imputados en el caso son el exdirector de SeNaSa, Santiago Hazim; Ada Ledesma Ubiera, Cinty Acosta Sención, Eduardo Read Estrella, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Gustavo Enrique Messina Cruz, Heidi Mariella Pineda Perdomo, Rafael Luis Martínez Hazim y Ramón Alan Speaker Mateo.
El expediente del Ministerio Público indica que la investigación comenzó a raíz de una serie de hallazgos remitidos por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sosalril) y el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), que detectaron conductas irregulares en diversas áreas de SeNaSa.
A partir de estas alertas, las autoridades iniciaron la recolección de evidencias y tras varias diligencias investigativas, el pasado fin de semana se ejecutaron 12 allanamientos simultáneos que culminaron con el arresto de las personas que hasta ahora han sido señaladas como parte de una presunta red que habría operado desde la Dirección Ejecutiva de SeNaSa. Entre los detenidos figura el exdirector, Santiago Hazim, quien fue interrogado por más de cuatro horas antes de quedar bajo arresto.
De acuerdo con el Ministerio Público, el entramado delictivo se formalizó tras la designación de Hazim como director ejecutivo mediante el Decreto 377-20, en agosto de 2020. A partir de entonces, sostiene el expediente, se estructuró un círculo de colaboradores que habría diseñado maniobras fraudulentas prolongadas en el tiempo, incluyendo recepción de sobornos, manipulación de cuentas bancarias, creación de programas sin sustento legal y adulteración de estados financieros.
La noche del lunes, dentro del plazo legal de 48 horas, el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción, en la que pide 18 meses de prisión preventiva para los implicados y que el caso sea declarado complejo, argumentando la existencia de un daño significativo al patrimonio público y a la sostenibilidad de los fondos destinados a la atención médica de la población vulnerable.
Entre las evidencias presentadas se encuentran supuestos actos de corrupción que, según la procuradora Yeni Berenice Reynoso, representan “una agresión directa al derecho constitucional a la salud”, por tratarse de recursos destinados al sistema de seguridad social.
El expediente también describe operaciones patrimoniales consideradas irregulares por el Ministerio Público, como la adquisición de un pent-house de lujo utilizado por uno de los imputados sin contraprestación comprobable, así como transacciones inmobiliarias financiadas mediante transferencias que no se correspondían con la supuesta relación de alquiler presentada en los documentos.
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