Johnny Pujols rechaza uso de barcazas como solución a la crisis eléctrica

Santo Domingo.-  El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Johnny Pujols, considera que la contratación de energía eléctrica suministrada a través de barcazas, amparadas en el decreto presidencial de “emergencia nacional” del sector eléctrico, no es la solución a la crisis de dicho sector.

Pujols estima que mediante esta medida no se resuelve el problema de las pérdidas ni mejoran las redes de distribución ni se compran los equipos necesarios.

“Con las barcazas, el gobierno está comprando energías más caras para botar la mitad porque las pérdidas superan el 40%, es como si usted estuviera echando agua en un barril sin fondos”, expuso el secretario general peledeísta .

Señala que en el decreto de “emergencia nacional” del sector eléctrico se les da mayor importancia a la generación, cuando se sabe que el principal problema de ese sector es de administración y gestión, y esas dificultades no se pueden resolver con un decreto de emergencia.

“Nos preocupa que esa medida sea insuficiente y que solamente se convierta en uno de los anuncios a que nos tiene acostumbrado el presidente Luis Abinader y mientras tanto el pueblo dominicano continúe sufriendo los apagones”, manifestó Pujols, señaló una nota de prensa.

Recordó que en el 2021 el PLD comenzó a advertir, al igual que Jaime Aristy Escuder, ex administrador de la Central Termoeléctrica de Punta Catalina, sobre la necesidad de que incorporarán 150 megavatios anuales y el gobierno no hizo caso porque hasta la fecha la demanda estuvo satisfecha hasta el 2020.

“Desde esa fecha, se comenzaron a contratar barcazas y plantas poco eficientes, con el agravante de que empezaron a vender energía entre 28 y 39 centavos de dólares”, indicó el vocero peledeísta añadiendo que la energía es cuatro veces más cara que la de Punta Catalina.

Resaltó que el decreto pretende resolver el problema de la generación, pero en realidad lo que hace es crear tres, serios inconvenientes que son: sacrificar la institucionalidad, porque el gobierno trata de resolver algo que debería hacerse mediante una licitación; está sacrificando el precio ya que produce a 9.5 centavos el kilovatio y lo contrata por encima de 28 centavos y, por último, el costo medio ambiental pues generan un alto porcentaje de contaminación.