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Publicado en Nacionales, hace 2 días
Santo Domingo. – El juez de la Ejecución de la Pena, Manuel Ramón González Espinal, ordenó esta tarde el ingreso de la exdiputada Rosa Amalia Pilarte a la cárcel de Rafey Mujeres, como establece la sentencia de la Suprema Corte de Justicia que la condenó a cinco años de prisión por lavado de activos provenientes del narcotráfico.
La información la dio a conocer Luis Leonardo Félix Ramos, uno de sus abogados.
“La sentencia, una la envía a Santiago y otro la envía aquí (La Vega) y nosotros entendemos que el juez competente es el de Santiago, planteamos la incompetencia, pero el tribunal entendió que debía conocer sobre si se ingresaba o no a Rafey Mujeres y ordenó el ingreso hasta tanto se conozcan las acciones que nosotros hemos intentado”, dijo Félix Ramos.
El arresto a la exdiputada Rosa Amalia Pilarte se ejecutó la mañana de este miércoles, al momento de ella acudir a la sede de la Procuraduría General de la República en Santo Domingo, después de que su casa en La Vega fuera allanada por miembros del Ministerio Público.
Pilarte acudió a la Procuraduría General luego que la fiscal Andry de Los Santos, de la Unidad de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados (Ucaprec), y la procuradora adjunta Sourelly Jáquez encabezaran el allanamiento a su vivienda en cumplimiento a la condenada de cinco años de prisión que le impuso la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
Al momento de ser trasladada al Palacio de Justicia de La Vega, Pilarte dijo que no se había entregado para que se ejecutara la decisión de los jueces porque tenía “problemas de salud”.
La excongresista perremeísta llegó vestida con jeans y con un cinturón facial. Agregó que no sabe mucho de justicia y que van a “apelar” el fallo que la envía a prisión.
El pasado lunes, sus siete abogados recurrieron ante el Tribunal Constitucional la sentencia del Pleno de la SCJ, que le rechazó un recurso de casación.
Sus representantes legales solicitaron la suspensión de la ejecución de la pena y una revisión constitucional para invalidar el dictamen del Pleno de la SCJ que, además de confirmar los cinco años de prisión, dispuso el decomiso de 13 bienes inmuebles y a que pague 200 salarios mínimos como multa a favor del Estado.
