Publicado en Editorial, hace 4 horas
La agresión sexual contra niños, niñas y adolescentes en la República Dominicana es una lacerante realidad que no podemos seguir normalizando. A pesar de los esfuerzos institucionales, la persistencia de este flagelo clama por una acción mucho más enérgica y coordinada.
Las cifras son alarmantes. Históricamente, el abuso sexual se ha posicionado como el segundo tipo de violencia más frecuente contra la niñez, solo superado por el castigo físico y psicológico. Reportes de la Procuraduría General de la República muestran miles de denuncias de delitos sexuales y una porción significativa de las víctimas son menores de edad, lo que subraya una crisis de protección. Preocupa especialmente la alta prevalencia del embarazo em adolescente, donde la mayoría de los casos es resultado de violencia o seducción de adultos.
Si bien el país cuenta con marcos legales como la Ley 136-03 y protocolos de atención integral en salud, y se han implementado estrategias contra la violencia digital y programas de prevención, la impunidad y las barreras culturales y familiares siguen dificultando la denuncia y la justicia. Los recientes casos de alto perfil y las condenas obtenidas por el Ministerio Público demuestran la gravedad de los hechos, pero también son un recordatorio constante de la urgencia.
La lucha contra esta “herida abierta” no es solo una tarea del Estado, sino un compromiso social ineludible. Es imperativo: Fortalecer la prevención con programas educativos efectivos en todos los niveles, que empoderen a los niños para identificar el abuso. Garantizar la justicia mediante una persecución penal más ágil, asegurando penas ejemplares y la protección de las víctimas en el proceso y promover una cultura de denuncia, donde la sociedad entienda su deber de actuar y se desmonte la complicidad del silencio familiar o comunitario.
La niñez dominicana merece crecer libre de miedo. Dejar de ser meros espectadores es el primer paso para cerrar esta dolorosa y vergonzosa brecha de derechos.