La democracia en juego: violaciones a la Ley Electoral

La Ley Electoral es el pilar que sostiene la equidad y la transparencia de nuestros procesos democráticos. Sin embargo, en cada ciclo electoral, presenciamos con preocupación cómo esta normativa es, sistemáticamente, violada tanto por los partidos políticos como por el propio Gobierno de turno.

Esta conducta representa más que una simple falta administrativa; es un socavamiento directo de la fe pública y del principio de igualdad de condiciones que debe regir la contienda. Cuando los partidos exceden los límites de gasto, utilizan recursos públicos de manera indebida o inician campañas a destiempo, están demostrando una ventaja ilícita que distorsiona el voto popular.

La situación se agrava cuando el Gobierno utiliza la maquinaria estatal —programas sociales, inauguraciones o publicidad oficial— con un claro sesgo electoralista. Esta práctica, conocida como ventajismo oficial, desdibuja la línea entre la gestión gubernamental y la promoción partidista, obligando a todos los ciudadanos a financiar la campaña de un solo sector.

La Junta Central Electoral) tiene la responsabilidad ineludible de actuar con firmeza, independencia y celeridad. Las sanciones deben ser proporcionales a la gravedad de las faltas, y no meros llamados de atención. De no ser así, la impunidad se convierte en un incentivo para seguir burlando la ley.

Para salvaguardar nuestra democracia, es urgente que todos los actores —partidos, Gobierno y órgano regulador— se comprometan con la legalidad. Una elección justa no es un privilegio, es la base de un sistema que pretende ser representativo. La observancia estricta de la Ley Electoral no es negociable; es el único camino para asegurar que el voto sea la verdadera expresión de la voluntad ciudadana y no el resultado de una competencia desleal.