MP pide grilletes electrónicos y garantía de RD$50 millones para las 4 acusadas, en Caso Stephora

Santiago.- El Ministerio Público solicitó este domingo la imposición de medidas de coerción contra cuatro miembros del Instituto Leonardo Da Vinci, arrestadas por su presunta vinculación con el homicidio involuntario de la niña Stephora Anne-Mircie Joseph, de 11 años, quien murió ahogada el pasado 14 de noviembre durante una excursión escolar en la hacienda Los Caballos, en Gurabo.

El órgano acusador pidió al tribunal imponerles cuatro medidas de coerción establecidas en el artículo 226 del Código Procesal Penal: garantía económica de 50 millones de pesos para cada imputada, a través de una aseguradora, impedimento de salida del país sin autorización judicial, presentación periódica ante el Ministerio Público y uso de localizadores electrónicos (brazaletes).

La solicitud fue depositada en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago y alcanza a Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa; Gisela Altagracia de las Mercedes González Estrella, coordinadora general; Francisca Josefina Tavarez Vélez, orientadora; y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario.

Calificación jurídica del caso

El hecho fue clasificado como homicidio involuntario, en violación al artículo 319 del Código Penal.
Además, se les imputa abandono y maltrato de niños, niñas y adolescentes, según el artículo 351-2 del Código Penal, y violación al artículo 14 de la Ley 136-03, que protege los derechos fundamentales de la niñez.

Los hechos

Stephora Anne-Mircie Joseph falleció al ahogarse en una de las piscinas del centro recreativo visitado por el colegio durante una excursión con 87 estudiantes, custodiados según la investigación solo por tres cuidadoras.

El Ministerio Público sostiene que las responsables del centro educativo actuaron con “negligencia extrema”, pues no evaluaron si los niños sabían nadar, no solicitaron salvavidas ni chalecos, y no tomaron medidas de seguridad básicas pese a la profundidad de las piscinas.

Una grabación en video también evidenciaría fallas graves de supervisión por parte de las cuidadoras y del personal que organizó la actividad.

Por instrucción de la procuradora Yeni Berenice Reynoso, la investigación está a cargo del procurador adjunto Wilson Camacho y de la procuradora de corte Olga Diná Llaverías, responsables de las áreas de persecución y protección de la niñez.

El Ministerio Público también solicitó al Ministerio de Educación una inspección conjunta del centro educativo para determinar posibles prácticas que pongan en riesgo el interés superior del niño.