Ortiz Bosch niega prevaricación en caso del exministro de Educación y recuerda que Cámara de Cuentas es el órgano competente

Santo Domingo. — La directora general de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), Milagros Ortiz Bosch, respondió este miércoles a las declaraciones del presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción (ADOCCO), Julio César de la Rosa Tiburcio, quien acusó a la institución de prevaricación en el manejo de una denuncia contra el exministro de Educación, Ángel Enrique Hernández Castillo.

A través de un comunicado, Ortiz Bosch explicó que la DIGEIG recibió la denuncia No. D23-0080 el 2 de octubre de 2023, en la cual ADOCCO alegaba una omisión en la Declaración Jurada de Patrimonio del entonces ministro.

La funcionaria enfatizó que el proceso de investigación se llevó a cabo conforme a la Ley No. 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública, y que toda la documentación, diligencias e instituciones consultadas están detalladas en un informe anexo, disponible para consulta ciudadana.

Además, recordó que la DIGEIG no tiene facultades sancionadoras en materia de declaraciones juradas y que esa competencia recae exclusivamente en la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, según establece la Ley No. 311-14.

“De la Rosa parece haber olvidado que la Cámara de Cuentas es el órgano constitucional encargado de fiscalizar, aplicar y adoptar medidas en estos casos”, puntualizó Ortiz Bosch.

Hallazgos clave del informe

La primera Declaración Jurada de Patrimonio del Dr. Hernández fue presentada de forma extemporánea y omitió activos de una empresa familiar.

Durante la investigación, el exministro presentó una declaración rectificativa, la cual fue validada por la Cámara de Cuentas conforme al reglamento vigente.

Por tanto, la denuncia perdió objeto legal, ya que el órgano competente ya había reconocido la corrección.

Ortiz Bosch defendió el accionar de la DIGEIG, asegurando que actuó en todo momento con apego a la ley, respetando el debido proceso y las competencias institucionales.

“No hemos prevaricado. Conocemos la gravedad de esa figura en el ordenamiento jurídico. No se alteraron ni se desnaturalizaron hechos. Se cumplió con el deber institucional de respetar las facultades de la Cámara de Cuentas”, concluyó.

El cruce de declaraciones evidencia las tensiones entre los organismos de control social y los entes estatales, en medio de un contexto donde la fiscalización del patrimonio de los funcionarios sigue siendo un tema sensible para la opinión pública.