Participación Ciudadana pide se investigue «intercambio de disparos en Santiago»

Santo Domingo.- El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana ha reclamado a la Procuradora General de la República y a la Ministra de Interior y Policía la formulación de políticas públicas que garanticen la investigación rigurosa de cada caso de fallecimiento ocurrido en presuntos intercambios de disparos, como se ha anunciado en relación con la muerte de cinco jóvenes en Santiago.

La entidad de la sociedad civil subraya que dichas investigaciones deben ser realizadas por fiscales, con la colaboración del Ministerio de Interior y Policía y la Policía Nacional. Además, los resultados deben ser divulgados en un plazo razonable y, en caso de que se determine responsabilidad penal, los responsables deben ser sometidos a la acción de la justicia.

Para Participación Ciudadana, la eliminación de personas bajo el alegato de intercambio de disparos representa, en muchos casos, la aplicación de una política pública que ha persistido en todos los gobiernos, sin consecuencias para los responsables. Esta práctica es inconstitucional e ilegal, pues convierte a los agentes del orden en jueces y ejecutores, imponiendo una pena de muerte que no existe en el ordenamiento jurídico dominicano, bajo el falso argumento de control de la criminalidad.

Las estadísticas son alarmantes. Según datos publicados por Diario Libre, al 5 de septiembre del presente año se han registrado 170 muertes en estos intercambios, superando en 18 los casos ocurridos en el mismo período del año anterior. Además, el Informe Latinobarómetro 2024 sitúa a la República Dominicana, junto a Bolivia, como el país con mayor índice de violencia estatal en América Latina (21%), mientras que Chile presenta el menor (4%), frente a un promedio regional de 14%.

Históricamente, estas investigaciones han estado en manos de la propia Policía Nacional, lo que ha impedido la independencia necesaria para esclarecer los hechos, y rara vez se ha informado sobre el desenlace de las mismas.

Participación Ciudadana considera que el reciente caso en Santiago debe marcar un punto de inflexión para erradicar la impunidad en este tipo de hechos. Esta exigencia no debe limitarse a este caso puntual, sino extenderse a toda situación en la que una persona pierda la vida a manos de agentes policiales.

Por tanto, corresponde a la Procuradora General de la República, magistrada Yeni Berenice Reynoso, y a la Ministra de Interior y Policía, Faride Raful, diseñar y aprobar las políticas públicas necesarias para asegurar que todas las investigaciones se realicen de manera puntual, transparente y con consecuencias jurídicas para quienes resulten responsables.